Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continuará su proceso penal desde su hogar en Ensenada, tras una reciente decisión de una jueza federal que modificó la medida cautelar que lo mantenía en prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La abogada de control, Alejandra Ramírez de la Vega, tomó esta determinación durante una audiencia en la que se revisó la situación jurídica del mandatario de 74 años.
La defensa de Ruffo había argumentado su solicitud de prisión domiciliaria basándose en su edad y en condiciones de salud que requieren atención médica adecuada. Juan Marcos Gutiérrez González, abogado del exgobernador, presentó un estudio médico para respaldar esta petición, destacando que Ruffo cumple con los requisitos necesarios para enfrentar el proceso fuera del penal. Aunque dicha solicitud fue rechazada en una audiencia anterior, esta vez resultó favorable para el acusado.
Arturo Germán Rangel, otro miembro del equipo legal, confirmó que el traslado desde el Altiplano a su domicilio en Ensenada se llevará a cabo una vez cumplidos los procedimientos legales necesarios. La defensa subrayó que no existe riesgo de fuga, ya que Ruffo tiene un fuerte arraigo en el país.
La solicitud de prisión domiciliaria fue también apoyada públicamente por Verónica Ruffo, hija del exgobernador. En sus visitas al penal, Verónica expresó su preocupación por el estado de salud de su padre y enfatizó la necesidad de que continuara el proceso legal desde casa. Ella y otros miembros del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo realizaron diversas acciones para abogar por un cambio en las condiciones de su detención, reiterando que su objetivo no es la liberación total, sino enfrentar el juicio en un entorno familiar.
Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) vinculada a presuntas operaciones de contrabando de combustible. Esta investigación implica posibles delitos de delincuencia organizada y contrabando, lo que ha colocado al exmandatario en el centro de una controversia legal significativa.
A medida que el proceso avanza, se espera que el traslado a su domicilio y la gestión de los siguientes pasos legales se realicen con la mayor celeridad posible, permitiendo así que Ruffo continúe su defensa bajo una circunstancia que, según su equipo legal, es más adecuada dada su condición. Esta situación no solo resalta las complejidades en los casos de corrupción y delitos financieros en México, sino que también pone de relieve las realidades humanas que enfrentan los involucrados en el sistema judicial.
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