La propuesta de implementar la “tasa Zucman”, un impuesto dirigido a las grandes fortunas, podría transformar radicalmente el panorama fiscal en América Latina. Según un reciente estudio, la aplicación de este impuesto en siete países de la región permitiría recaudar aproximadamente 24.000 millones de dólares anuales. Esta reforma se centraría en gravar solamente a cerca de 3.000 individuos que poseen fortunas superiores a 100 millones de dólares, lo que representa una medida audaz para enfrentar la creciente desigualdad.
La desigualdad en América Latina, la segunda región más desigual del mundo, no se resolverá por sí sola. Vicente Silva, autor del estudio y asesor sénior del Observatorio Fiscal Internacional, subraya la urgencia de establecer un impuesto mínimo a las grandes fortunas: “No es un tema de color político”, menciona, enfatizando que todos los gobiernos deben satisfacer crecientes demandas sociales en un contexto de estrechez fiscal.
El estudio propone un impuesto del 2% sobre las riquezas extremas, con el potencial de generar miles de millones que podrían destinarse a políticas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Silva destaca que, sorprendentemente, “el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que el 50% más pobre”, lo que subraya la necesidad de una reforma justa que obligue a los más adinerados a contribuir de acuerdo con su capacidad económica.
La investigación menciona que, en caso de aplicar una tasa del 3%, la recaudación podría ascender a 36.000 millones de dólares. En un contexto en el que las fortunas de más de 1.000 millones de dólares han crecido seis veces en los últimos 25 años, es crucial asegurar que los súper ricos paguen impuestos al menos equivalentes a los de la mayoría. En un mundo donde las grandes fortunas tienen retornos anuales de alrededor del 8%, un impuesto mínimo del 2% representaría una carga manageable, que no ahogaría su crecimiento patrimonial.
Brasil ha tomado la iniciativa de defender la imposición de este tipo de impuesto. Durante su presidencia del G20, propuso un tratamiento global que gravara el 2% de las fortunas más altas, con un potencial de recaudación proyectado entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. Aunque hay resistencia de ciertos sectores, los líderes del G20 se comprometieron a trabajar cooperativamente para garantizar que las personas con patrimonios ultraaltos sean efectivamente fiscalizadas.
Sin embargo, Silva anticipa que enfrentar las narrativas establecidas será un desafío. Muchas élites se oponen a la idea de mayores impuestos, perpetuando la noción de que rebajar impuestos a los ricos puede estimular el crecimiento, una afirmación que carece de respaldo empírico en las últimas cinco décadas, según una investigación de la London School of Economics. Silva también sostiene que la supuesta amenaza de un éxodo fiscal masivo carece de fundamento: “La evidencia muestra que la gente no se va a ir”.
La implementación de un impuesto mínimo progresivo podría ser un paso crucial hacia un sistema tributario más justo, asegurando que quienes tienen la capacidad económica para contribuir de manera significativa lo hagan. La propuesta de la “tasa Zucman” se presenta no solo como una medida fiscal, sino como una posibilidad de justicia social en un contexto de creciente desigualdad y demandas de equidad.
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