Lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en una reciente convención bancaria ha suscitado interés y cierto debate: el gobierno federal persistirá en su política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, planteando un incremento del 12% para 2026. La dinámica es clara: el aumento dependerá de que la inflación esté controlada, estableciéndose un límite del 4% anual, que es el rango de tolerancia del Banco de México. De superar este umbral, el ajuste podría ser aún mayor.
La mandataria destacó que, desde el 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo ha crecido un notable 125%. Su objetivo es que para 2030, este se eleve lo suficiente para cubrir 2.5 canastas básicas, dado que actualmente sólo alcanza 1.8. Con el previsto aumento del 12%, el salario mínimo pasaría de 278.80 a 312.30 pesos diarios, alcanzando por primera vez la barrera de los 300 pesos. Esto se traduciría en un ingreso mensual de aproximadamente 9,494 pesos, acercándose notablemente al ingreso promedio de la población ocupada en el sector formal, que se situó en 10,350 pesos al mes para finales de 2024.
Sin embargo, el contexto en el que se proponen estos aumentos es totalmente diferente al de hace unos años, cuando se implementó la política de recuperación salarial. La economía mexicana ha enfrentado un duro desafío, creciendo sólo un 0.2% en el primer trimestre del año, y mostrando debilidades en varios sectores productivos y en la generación de empleo. Este panorama está agravado por tensiones comerciales internacionales, especialmente con Estados Unidos, que generan incertidumbre sobre el empleo y la inflación.
La cuestión que surge es cómo mantener el crecimiento del salario mínimo sin afectar los puestos de trabajo ni provocar efectos indeseados, como un incremento en la informalidad o distorsiones salariales. Aumentar el salario mínimo ha sido una medida necesaria para corregir el poder adquisitivo perdido durante décadas, pero un aumento nominal del 12% puede resultar problemático en un entorno económico adverso, particularmente para las micro y pequeñas empresas, que constituyen más del 95% del tejido empresarial en el país.
Otro aspecto crucial es la aproximación del salario mínimo al ingreso promedio en el sector formal, lo que podría generar presión sobre la estructura salarial y desincentivar la movilidad laboral. Sin una estrategia complementaria que fomente la productividad, estos aumentos podrían volverse insostenibles a largo plazo, o bien trasladarse a los precios, perjudicando el mismo poder adquisitivo que se busca proteger.
El debate se plantea: ¿es realmente viable, en este contexto, llevar el salario mínimo a 9,500 pesos mensuales mediante decreto? La economía sigue enfrentando retos significativos, y el camino hacia el fortalecimiento del poder adquisitivo del salario mínimo podría ser más sinuoso de lo esperado.
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