Escala el choque diplomático entre Guatemala y Colombia

La tensión entre los Gobiernos de Guatemala y Colombia va en aumento. Este lunes, la fiscalía del país centroamericano anunció que abría una investigación por el caso Odebrecht contra el hoy Ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, quien fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala entre 2013 y 2017. El presidente Petro respondió inmediatamente a la noticia, cuestionando la validez de esa decisión judicial contra su ministro. “Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, declaró el presidente, que también anunció que llamaba a consultas a la embajadora colombiana en Guatemala, Victoria González Ariza. El Gobierno de Guatemala ha devuelto este martes el mensaje con igual hostilidad.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca”, dice un corto comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunciando que también llamarán a su embajadora a consultas. “El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. En ese sentido, hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas”.

A este choque diplomático se ha sumado el subsecretario de Estado de EE UU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que se ha mostrado preocupado por el estado de derecho en Columna Digital centroamericano. Nichols no mencionó el caso de Velásquez, sino las órdenes de captura que la fiscalía guatemalteca también anunció contra otros investigadores en casos anticorrupción: Thelma Aldana (exfiscal general); Mayra Véliz (exsecretaria del Ministerio Público); David Gaitán (exmandatario de la CICIG), Pablo Carrasco (abogado y exasesor de Odebrecht). “Preocupado por las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el estado de derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala”, escribió en su cuenta de Twitter.

La credibilidad de la justicia guatemalteca está en tela de juicio. Las órdenes de captura y la investigación contra Velázquez fueron anunciadas por el fiscal Rafael Curruchiche, una de las personas incluidas por Estados Unidos en la ‘Lista Engel’, en junio del 2022. Se trata de una lista del Gobierno norteamericano que señala a las personas que han “amenazado las instituciones o procesos democráticos, han estado comprometidos con actos significativos de corrupción o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”. Entre los señalados está el fiscal Curruchiche, acusado de “obstruir investigaciones sobre actos de corrupción, interrumpiendo casos de alto perfil contra funcionarios de Gobierno”.

En la mira de Estados Unidos también está la jefe de Curruchinche, la fiscal general de Guatemala, llamada Consuelo Porras. El Departamento de Estado de EE UU la incluyó en 2021 en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” por su obstaculización constante de la justicia. Sin embargo, Porras ha contado con el apoyo del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que el año pasado la renovó cuatro años más como fiscal general. Ante las acusaciones de Estados Unidos, Giammattei no pareció preocupado. “Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”, dijo entonces en defensa de Porras.

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