El 21 de febrero de 2026, los reclusos de la prisión de Puerto Vallarta enviaron alarmantes mensajes de audio desde el interior del penal, advirtiendo sobre una inminente ola de violencia. A pesar de su desesperación y temor por la vida, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ni las autoridades correspondientes tomaron medidas efectivas. Solo un día después, la ciudad turística se convirtió en escenario de caos: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató un ataque, incendiando vehículos y negocios en respuesta a un operativo militar contra su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En medio de esta situación de descontrol, un motín estalló en la prisión, que se alargó por casi 12 horas. Como resultado, 23 reclusos lograron escapar y un vigilante, Rafael Hernández, perdió la vida. De esos fugados, hasta tres semanas después, aún 17 permanecen en libertad, muchos de ellos con condenas graves por homicidio y desapariciones forzadas.
La ola de violencia que se desató ese mismo día estuvo marcada por seis “cobardes agresiones” del crimen organizado en Jalisco, resultando en la muerte de 30 supuestos delincuentes, una mujer embarazada y más de 25 agentes de la Guardia Nacional. Las condiciones de lo que ocurrió durante estos eventos son inciertas; sin embargo, el asesinato de Hernández fue confirmado, destacándose su labor y carácter como custodio dedicado.
La prisión de Ixtapa, donde ocurrieron los disturbios, cuenta con una capacidad para 1,600 reclusos, aunque solo alrededor de 750 estaban allí en ese momento. Sin embargo, la falta de personal se hizo evidente durante la crisis. Esa mañana del 22 de febrero, un ataque coordinado entre el exterior, donde un vehículo disparó a los guardias, y el motín dentro, facilitó la fuga. Algunos reclusos utilizaron explosivos caseros para escapar, un hecho alarmante que subraya la planificación previa del evento.
Uno de los puntos críticos para la fuga fue el puente de La Desembocada, a solo dos kilómetros de la prisión, que también fue atacado por el CJNG. En este lugar, un individuo, Max Rafael Barcenas Reyes, conocido como “Pinto”, fue abatido por las autoridades mientras intentaba huir. Este escenario evidenció la conexión entre el crimen organizado y las instituciones penitenciarias.
A medida que se intensificaban las investigaciones, varios de los reclusos fugados comenzaron a ser recapturados. En total, algunos fueron localizados en comunidades cercanas, y enfrentan nuevas acusaciones por homicidio agravado y evasión. A pesar de esto, muchos de los fugitivos iniciales, entre ellos individuos condenados por delitos atroces, aún siguen en libertad.
Este episodio en Puerto Vallarta plantea numerosas preguntas sobre la efectividad y respuesta de las autoridades ante las alertas de los reclusos, la capacidad de la policía y el impacto del crimen organizado en la región. Las circunstancias de estos eventos revelan un sistema en crisis, donde la falta de atención puede tener consecuencias devastadoras, tanto dentro como fuera de las prisiones. Asumidos como responsables de esta fuga y violencia, el CJNG continúa teniendo un impacto palpable en Jalisco y en todo México.
Actualización: Hasta el momento, y con datos que corresponden a la fecha del 13 de marzo de 2026, aún se están revisando los casos y recapturas pendientes de los reclusos que se dieron a la fuga.
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