La guía de integración Caminos de Convivencia que la Secretaría de Estado de Migraciones y la Universidad P. Comillas han presentado recientemente con la colaboración de UNIJES y el Servicio Jesuita Migrante, plantea algunos de los principales retos de intervención que existen hoy en materia de integración. Retos que, en gran medida, pasan por dejar de hacer políticas “solo para inmigrantes”, para incorporar las medidas de cohesión y de gestión de la diversidad dentro de un nuevo ciclo de políticas públicas universalistas.
Actualmente, existen tres procesos en marcha en nuestra sociedad que cambian el marco desde el que solíamos decidir las políticas de integración.
Primero, un consolidado proceso de arraigo personal, legal, familiar, cultural y comunitario de las personas de origen inmigrante en nuestra sociedad, especialmente en sus barrios populares. Un proceso de integración que ha provocado un profundo cambio social y demográfico en nuestra sociedad del que aún no somos del todo conscientes. La Población de Origen Inmigrante (POI) se ha convertido en una parte esencial del país que somos y que vamos a ser, por mucho que nuestras formas de pensar tradicionales sobre nosotros mismos se resistan a verlo.
Segundo, el crecimiento del malestar social en España especialmente en sus barrios populares. Un malestar social marcado por el progresivo aumento del empleo precario, la reducción de la protección social pública y el debilitamiento de las redes sociales comunitarias. Un precariado que se ha convertido en el horizonte vital para una cada vez mayor parte de la población española –autóctona y migrante–, y donde las personas de origen extranjero ocupan las peores posiciones laborales y de ingreso, conformando una especie de precariedad por debajo de la precariedad nativa.
Y tercero, la existencia de un extendido prejuicio hacia los inmigrantes entre la población autóctona que los representa como diferentes, extraños, inferiores y amenazantes. Un prejuicio que justifica que los nativos, por el simple hecho de serlo, ocupen una posición de preferencia en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad –trabajo, educación, protección social, etc.–, mientras que los inmigrantes se deban conformar con las posiciones más secundarias.
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Un prejuicio que, aunque creció en los barrios populares durante estos años de crisis, representando a la inmigración como una amenaza que quitaba el trabajo y las ayudas sociales a la población nativa, no ha roto las relaciones tranquilas entre ambos grupos en el espacio local, ni ha alimentado, por el momento, el voto a partidos populistas de derecha extrema.
El avanzado proceso de arraigo de la población extranjera ha cambiado radicalmente la realidad de nuestra sociedad. La POI no solo contribuye positivamente al desarrollo demográfico, económico y cultural del país, y al sostenimiento neto de su sistema de bienestar social, sino que se ha convertido en una parte esencial del país diverso que somos y que vamos a ser. De este modo, invertir en la integración de los inmigrantes significa, hoy en día, invertir en el presente y en el futuro de nuestra sociedad.
En este contexto, las políticas de integración, si quieren ser efectivas, deben dejar de ser “políticas para inmigrantes”, para convertirse en políticas públicas universalistas basadas en la cohesión social y la gestión intercultural de la diversidad. O dicho de otro modo, las políticas de integración deben incorporarse y transversalizarse en las políticas universales de cohesión social. Estas deben dar paso a una nueva generación de políticas sociales que, además de crecer presupuestariamente para contrarrestar los efectos del precariado y la pobreza, incorporen la gestión de la diversidad y la lucha contra la discriminación como elementos centrales de trabajo.
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Son múltiples las líneas de intervención a desarrollar en este sentido: impulso de políticas universales que superen las crecientes desigualdades sociales que afectan a nativos e inmigrantes en materia laboral, económica, educativa, etc.; desarrollo de programas que ayuden a combatir los procesos de discriminación y, especialmente, a facilitar procesos de encuentro, contacto y convivencia significativa en el espacio local; desarrollo de programas de acogida comunitarios que recojan las necesidades específicas de la población migrante y refugiada; creación de nuevas narrativas que visibilicen y normalicen a las personas de origen inmigrante dentro de nuestra sociedad, huyendo de las imágenes y noticias tradicionales, etc.
Unas políticas que deben contar con todos los actores –administración pública, tercer sector, centros educativos, tejido productivo, familias y redes de solidaridad, centros religiosos, etc.–, aunque ciertamente el liderazgo, el gobierno y la coordinación de los planes y programas debe ser ejercido por las instituciones públicas.
Invertir en integración es invertir en el país diverso que ya somos. En la construcción de una sociedad y una comunidad más justa y cohesionada, y con mayor capacidad de convivencia. Una política “de Estado” que necesita generar consensos amplios, y abandonar el actual clima de polarización ideológica en torno a la inmigración. Polarización que termina perjudicando a todos, especialmente a las personas de origen inmigrante.
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