Los océanos, considerados los Bienes Públicos globales por excelencia, están en el umbral de una nueva era para su gobernanza y conservación. Con la adopción del Tratado sobre la Biodiversidad en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como el Tratado de Altamar, se establecen las bases para una protección más efectiva de estas vastas extensiones marítimas. Esta iniciativa fue adoptada por la ONU en junio de 2023 y se discutió recientemente en la Cumbre de los Océanos en Niza, Francia, un evento que reunió a más de 60 Jefes de Estado y alrededor de 190 ministros, señalando un compromiso político creciente hacia la conservación oceánica.
El Tratado ha sido ratificado por más de 50 naciones, aunque se requiere el respaldo de al menos 60 para entrar en vigor. Esta disposición legal es vital, dado que casi el 65% de los océanos se encuentra fuera de las jurisdicciones nacionales, un área que ha sufrido la Tragedia de los Recursos Comunes. Estos espacios, carentes de regulación adecuada, están siendo overexplotados, contaminados y amenazados por cambios climáticos, con afectaciones dramáticas en los ecosistemas marinos.
Durante la cumbre, 37 países, incluidos Francia y Brasil, se comprometieron a frenar la minería submarina hasta establecer regulaciones internacionales claras, mientras que se reiteró el objetivo de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030. Se anunciaron nuevas Áreas Marinas Protegidas principalmente de naciones como Francia, Grecia, Samoa y Colombia, aunque México no realizó ningún compromiso específico sobre la protección del Mar de Cortés, un ecosistema crítico conocido como el Acuario del Mundo.
Además, se abordaron iniciativas para detener la pesca de arrastre, una de las prácticas más destructivas para los océanos, aunque no se alcanzó un consenso para su prohibición. También se discutieron nuevos enfoques de ciencia y tecnología marina, así como el desarrollo de un Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, cuyo progreso continúa este agosto en Ginebra.
La complejidad de la gobernanza en aguas internacionales plantea enormes desafíos diplomáticos. Alinear los intereses de pequeños estados insulares con los de países con grandes flotas pesqueras, y las preocupaciones de organizaciones civiles, es una tarea monumental. Además, es esencial establecer entidades de gobernanza que cuenten con la legitimidad y capacidades necesarias.
La implementación efectiva del Tratado de Altamar requiere también que los países fortalezcan sus políticas nacionales de conservación marítima. En este sentido, el ejemplo de México, que en 2017 creó el Parque Marino Nacional de Revillagigedo —con una extensión de 15 millones de hectáreas y una prohibición total de pesca— demuestra que es posible avanzar en la protección de nuestros océanos.
Así, la reciente Cumbre de Niza representa un hito en la lucha por la conservación de nuestros océanos. La comunidad internacional se encuentra ante la oportunidad de transformar las palabras en acciones concretas que protejan estos ecosistemas vitales, cuyo futuro se encuentra estrechamente ligado al bienestar del planeta y de la humanidad.
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