Durante 2020, primer año de la pandemia de Covid-19, los gobiernos estatales recortaron en 19 mil 527 millones de pesos su gasto en salud, educación y seguridad y justicia con respecto a lo que erogaron en 2019, revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que se presenta hoy.
La disminución del gasto “debe preocuparnos porque hubo un abandono durante la pandemia” en estos temas, consideró Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas de la organización civil, quien además propuso fortalecer los contrapesos a los gobernadores.
A lo largo de 2020 las entidades recibieron para este sector 26 mil 25 millones de pesos más de lo que sus congresos locales aprobaron antes de la llegada de la pandemia, sin embargo, el incremento no fue suficiente para al menos igualar el gasto que los gobiernos estatales hicieron un año antes.
Más grave aún es que las administraciones estatales orientaron ese gasto adicional al pago de salarios, bonos, celulares, viáticos, comunicación y publicidad, dijo Guadarrama.
“En estos temas prioritarios para la ciudadanía —salud, educación, seguridad y justicia—, el presupuesto es inmune, no se movió como se tendría que haber reasignado para atender la pandemia. No refleja la gran necesidad que se tuvo en materia de salud y educación. ¿Por qué se gastó menos si se requerían mayores recursos para la salud o readaptar las escuelas, acondicionarlas, responder a nuevas necesidades?”, cuestionó el especialista
Según el informe, 13 entidades redujeron su presupuesto entre 2019 y 2020; dos entidades ejercieron una cantidad semejante y dos más sólo lo aumentaron uno por ciento. En otros siete estados el incremento fue menor a nueve por ciento.
Baja California, Chiapas y Quintana Roo fueron las entidades que más redujeron su presupuesto en salud, en proporciones de 18, 11 y nueve por ciento, respectivamente.
En sentido contrario, Yucatán, Coahuila y Tlaxcala incrementaron su inversión en este rubro en 39, 34 y 26 por ciento.
Sólo que en el caso de Coahuila el IMCO identificó que, “en plena pandemia, aumentó su gasto en ceremonias oficiales 68 por ciento en comparación a lo que tenía aprobado inicialmente”.
En el caso de la educación, el recorte en los estados también fue de dos por ciento, lo que significó ocho mil 809 millones de pesos menos.
Mientras que en seguridad pública y justicia la reducción fue de seis por ciento, esto es, siete mil 63 millones de pesos menos, revela el informe.
El documento agrega que entre 2019 y 2020 el Estado de México fue de las entidades que recortó su gasto en los tres rubros: educación (siete por ciento), salud (tres por ciento) y seguridad pública y justicia (cuatro por ciento).
En sentido opuesto, Tamaulipas incrementó su gasto en salud 47 por ciento; el de seguridad pública y justicia, 16 por ciento, y el de educación, cinco por ciento.
En Michoacán se observó un aumento de 19 por ciento en su presupuesto educativo, de 14 por ciento en salud y de cuatro por ciento en seguridad y justicia. Sin embargo, también se registró un incremento de 61 por ciento en el gasto de comunicación social y publicidad.
En Baja California, el gobierno del morenista Jaime Bonilla destinó 144 millones de pesos para cumplir con las labores de seguridad pública, pero ese gasto representó menos de lo destinado a los servicios de luz, agua y telefonía de las oficinas del gobierno estatal (299 millones).
Información
En Colima, el gasto en sueldos y salarios de los funcionarios públicos de la entidad (mil 829 millones de pesos) representa dos veces el gasto que se destinó a la procuración de justicia (907 millones).
En Guerrero, el pago de sueldos y salarios de funcionarios públicos (siete mil 112 millones de pesos) triplicó el gasto en justicia (dos mil 517 millones).
Y el gobierno de Chihuahua, que encabezaba el panista Javier Corral, gastó tres mil 472 millones de pesos en remuneraciones especiales a sus funcionarios, poco menos del doble de lo que destinó a seguridad pública (dos mil 313 millones).
Finalmente Jalisco, gobernado por el emecista Enrique Alfaro, gastó 82 por ciento por encima de lo aprobado para sueldos y salarios. Otros aumentos se dieron en rubros como servicios básicos (36 por ciento) mientras que el gasto en seguridad pública y justicia se redujo 11 por ciento, indica el estudio.
