Estados Unidos guarda silencio. Un día ha pasado desde que México presentó una histórica demanda contra 11 de los principales fabricantes de armas de fuego. El litigio, que no incluye al Gobierno federal estadounidense, eleva la importancia del tema en la relación bilateral entre ambos países. En la nación más armada del mundo, las reacciones han llegado de la industria armamentística, pero también de los grupos de presión que esperan que la Administración de Joe Biden cumpla con su promesa, una regulación más estricta del sector y de las ventas de armas, algo que puede ganar impulso con el litigio iniciado este miércoles por el Ejecutivo mexicano.
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La presentación de la demanda en un tribunal federal de Boston, Massachusetts ha sido considerada una acción sin precedentes. México pide reparar el daño con una compensación y garantizar la no repetición del tráfico ilícito de medio millón de armas cada año que están vinculadas a unos 17.000 homicidios en Columna Digital. El Gobierno considera responsables a las empresas Smith & Wesson, Colt’s, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc., y algunas de sus subsidiarias. “De alguna manera va a priorizar el tema del tráfico de armas”, asegura Eugenio Weigend, director de prevención contra la violencia armada del Center for American Progress, un think tank progresista independiente.
El esfuerzo mexicano pone presión sobre uno de los temas que la Administración Biden se había fijado como prioritarios al inicio del mandato. La realidad legislativa, marcada por una alta polarización, ha obligado al presidente demócrata a poner en un segundo plano el trámite de algunas iniciativas anunciadas para regular la venta de armas. “Las iniciativas de ley que obligan a la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, conocidos como background checks, no ha pasado. Tampoco se vislumbra una iniciativa que retome la prohibición de armas de asalto, las armas preferidas por el crimen organizado mexicano”, señala Weigend, quien cree que el litigio es una clara señal política de que México no se quedará de brazos cruzados ante la inacción de Washington en el tema.
