Este lunes 27 de septiembre era un día clave en el Estado de Nueva York y su lucha contra la covid-19. La fecha límite para que los docentes del sistema público -el más extenso del país- presentaran una prueba de vacunación de al menos con una dosis, en virtud del mandato emitido el mes pasado por el alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio. Pero las reticencias médicas o religiosas de algunos profesores, junto a la poderosa acción de los sindicatos que los representan, han dilatado y complicado el proceso.
En un fallo supuestamente definitivo, un tribunal compuesto por tres jueces ha sentenciado hoy que el mandato que ordena la obligatoriedad de la vacunación para poder trabajar en los centros públicos de la ciudad de Nueva York, en suspenso por un tribunal de apelaciones desde el pasado viernes, debe aplicarse. Es decir, la vacunación obligatoria de más de 150.000 empleados en las escuelas públicas avanzará según lo previsto, o los rebeldes afrontarán recortes de sus nóminas. La sentencia de los tres jueces se adelanta unos días al plazo esperado, poniendo fin a un culebrón judicial -a instancias de los sindicatos docentes- que ya ha registrado dos aplazamientos por parte de sendas cortes del Estado y federal en las últimas semanas.
El mandato municipal es la prescripción más estricta hasta la fecha dirigida a un colectivo profesional, y su sanción por parte del último tribunal podría abrir la puerta a un mandato mucho más amplio para todos los empleados de la Administración local o estatal en las próximas semanas.
De Blasio ha recordado este lunes que cerca del 97% de los directores de los centros y el 95% de los docentes están vacunados, mientras que entre el personal auxiliar de las escuelas el porcentaje de inmunización con al menos una dosis alcanza el 87%. Unos 8.000 empleados del Departamento de Educación de la ciudad se vacunaron durante este fin de semana ante la inminencia del ultimátum. El mandato de De Blasio atañe solo a los adultos que trabajan en los centros, ya que los a los alumnos no se les exige estar vacunados para asistir a clase, a diferencia de ciudades como Los Ángeles, que sí lo pide.
Los sindicatos han urgido al alcalde De Blasio a ampliar el plazo de vacunación, arguyendo que los centros no podrán afrontar la previsible escasez de docentes y empleados que puede derivarse de una aplicación a rajatabla del mandato. Un riesgo que, en otro nivel de la Administración, el estatal, afronta la red de hospitales de Nueva York. La gobernadora, Katy Hochul, ha anticipado este fin de semana que recurrirá a la Guardia Nacional -cuerpo de reservistas voluntarios- para paliar el absentismo de todos aquellos sanitarios que, agotado el plazo límite de hoy, no se hayan vacunado.
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La demócrata Hochul también ha manifestado su intención de convocar a sanitarios cesantes, jubilados o de otros Estados, para sustituir a las decenas de miles de trabajadores que con probabilidad perderán sus puestos de trabajo por no presentar a tiempo la prueba de vacunación. En un comunicado emitido por su oficina, la gobernadora plantea la posibilidad de declarar el estado de emergencia para afrontar la escasez de personal y las citadas medidas de urgencia para remediarla.
Mientras, los hospitales se preparan para despedir a decenas de miles de empleados que no cumplan, por razones médicas (como alergias) u objeciones religiosas, con el mandato.
