A los múltiples frentes abiertos ante la Casa Blanca, se ha sumado esta semana el rechazo de los territorios conservadores al mandato presidencial que obliga la vacunación contra la covid a los trabajadores de las grandes empresas. Apenas dos días después de que la Administración de Joe Biden anunciara que las compañías con más de 100 empleados debían exigir la inoculación a la plantilla o someterlos a test semanales a partir del 4 de enero, un juez federal bloqueó temporalmente la orden. Hasta este miércoles, 27 de los 50 Estados, en su gran mayoría republicanos, han impugnado el mandato por considerar que atenta contra las libertades individuales protegidas en la Constitución.
Ante las trabas para atajar la propagación del virus, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, salió a defender esta semana que el objetivo de la orden ejecutiva es que los trabajadores regresen a la oficina en un entorno seguro, cuando todavía mueren cerca de 1.300 estadounidenses a diario por coronavirus. “¿Por qué estos legisladores republicanos se interponen en el camino para salvar vidas?”, preguntó en la sala de prensa.
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En ciudades progresistas como Los Ángeles y Nueva York también se ha visto a miles de personas protestando en las calles contra la nueva política sanitaria. Jean-Pierre hizo un llamamiento a las grandes empresas a que no esperaren los resultados de los litigios legales para poner en práctica el plan de vacunación en sus compañías.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, de Nueva Orleans, falló el pasado sábado a favor de bloquear temporalmente el mandato presidencial porque las directrices “dan motivos para creer que existen graves problemas estatutarios y constitucionales con el mandato” que afecta a 84 millones de trabajadores. Está previsto que la semana del 16 de noviembre se escuchen los argumentos de ambas partes en un tribunal federal de apelaciones, según el Departamento de Justicia.
Seema Nanda, del Departamento de Trabajo, ha dicho que “confía en su autoridad legal para emitir la norma temporal de vacunación y pruebas de emergencia”. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) tiene la capacidad de “actuar rápidamente ante una emergencia en que la agencia considere que los trabajadores son propensos a un peligro grave y una norma nueva es necesaria para protegerlos”, agregó.
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Además del mandato a las grandes empresas, que establece que las no lo cumplan se expondrán a ser multadas, Biden también ha recurrido a sus poderes presidenciales para obligar a los empleados federales y contratistas que realizan negocios con el Gobierno a que se vacunen. La nueva exigencia para ellos entra en vigor el 22 de noviembre, por lo que este lunes fue el último día que tenían para completar la pauta de vacunación, considerando que hay que inocularse dos semanas antes de la fecha de regreso a la oficina.
El mandato contempla excepciones para las personas que no quieren recibir el tratamiento por motivos religiosos o por razones médicas, como alergia a las vacunas. Decenas de miles de empleados federales han solicitado la excepción alegando razones de fe, según informa The New York Times. Abogados federales, miembros de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) y sindicatos están trabajando para responder a la oleada de solicitudes con el fin de salvaguardar las libertades religiosas y a la vez garantizar un retorno seguro a la oficina.
El Internal Revenue Service (IRS), organismo encargado de la recaudación de impuestos, ya notificó a sus empleados que se arriesgan a una suspensión o un despido si no están vacunados a partir de diciembre. Si a un empleado le rechazan su solicitud, debe decidir si vacunarse o arriesgarse a perder su trabajo. Si se le concede, está obligado a usar una mascarilla dentro de la oficina, mantener una distancia social con sus compañeros y hacerse la prueba de covid con regularidad.
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