Francisco Gómez Nicolás, El Pequeño Nicolás, sube las escaleras de la Audiencia Provincial de Madrid apenas unos minutos antes de la 10.00. No tiene demasiadas ganas de hablar. “Todo bien”, responde de forma escueta a los periodistas y cámaras apostados a las puertas: “Con ánimos y fuerzas. Pero son muchísimos años y deseo que, cuanto antes se acabe esto, mejor”, remacha antes de enfilar hacia el interior del edificio, donde le espera el tribunal para juzgarlo por cuarta vez. En esta ocasión, por supuestamente intentar estafar a un empresario, al que le quiso arrebatar medio millón de euros. Una vista oral que, tras arrancar este martes con las declaraciones de los policías que arrestaron al veinteañero, se ha tenido que suspender: tres testigos clave no han comparecido —entre ellos, la víctima del supuesto delito y su esposa— y los magistrados han ordenado localizarlos.
—Contento. Todo según lo esperado. Y mañana continuamos —ha celebrado el Pequeño Nicolás poco después, ya a la salida del edificio, tras suspenderse el juicio, que se retomará este miércoles y en el que la Fiscalía le pide seis años de cárcel.
Desde este martes, la Audiencia de Madrid enjuicia otro de los capítulos de las andanzas del Pequeño Nicolás. Este comienza el octubre de 2014, pocos días antes del arresto del joven, cuando contacta con el empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga. Según el fiscal, para acercarse a la víctima, urdió toda una compleja trama que tenía por objetivo “hacerse pasar por miembro del equipo de trabajo” de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), y por agente del CNI. Gómez Iglesias alquiló coches de alta gama con conductor; consiguió “lanza destellos” de tipo policial para colocar en los vehículos; y falsificó documentos de Presidencia, Casa Real y el Centro Nacional de Inteligencia.
“Iba a bordo de vehículos que simulaban ser vehículos oficiales”, ha resumido este martes uno de los agentes que participó en la operación para detenerlo: “Activaba los rotativos luminosos e, incluso, se saltaba los semáforos en alguna ocasión”. Todo ello formaba parte de su disfraz. “El acusado acudía a las reuniones con De la Hidalga en uno de esos vehículos, le recogía y le llevaba. Utilizaba el lanza destellos policial para abrirse paso entre la circulación, y le mostraba fotografías en las que aparecía junto a diversas personalidades. También simulaba llamadas telefónicas con la vicepresidenta y otras autoridades políticas”, detalla el ministerio público en su escrito de acusación.
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El plan surtió efecto. Primero, logró convencer al empresario de que el Gobierno tenía “interés en ayudarle” a vender una finca que tenía en Toledo: “Incluso, llegó a mencionar como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial. Le pidió 300.000 euros en concepto de intermediación”, según el fiscal. Pero después trató de ir más allá e intentó “apoderarse de los activos financieros” de la víctima, “que ascendían a más de 500.000 euros”.
Según la acusación, el joven sabía que De la Hidalga estaba preocupado por un expediente que la Agencia Tributaria le había abierto por importe de cinco millones de euros, y lo engañó diciéndole que Hacienda “ya había decretado el embargo” de sus cuentas; pero que, si colaboraba en una investigación contra un funcionario, evitaría que se ejecutase.
Para ello, según el ministerio público, el Pequeño Nicolás lo convenció para acudir a una oficina de su banco para sacar todo el dinero para, supuestamente, proteger sus fondos. Ya en la sucursal, ante las sospechas del director de la entidad de que era una estafa, Gómez Iglesias fingió una llamada con Sáenz de Santamaría y dejó un dosier en la mesa donde se leía “Gobierno de España”. “Se levantó varias veces a hablar por teléfono y una me llamó la atención, especialmente porque preguntó por Soraya”, ha recalcado este martes el responsable del banco.
“Dinero a su nombre”
Esas reticencias le obligaron a improvisar. “El acusado comentó que la vicepresidenta entendía que la mejor opción era abrir una cuenta corriente a nombre de una persona de confianza, [a la que se movería el medio millón de euros], ofreciéndose él mismo para ser titular”, afirma la acusación. “[El Pequeño Nicolás] se ofreció a que se pusiera el dinero a su nombre”, se sorprendió el director de la entidad financiera, cuyos recelos se multiplicaron aún más. “Me dijo que no tenía nómina y que era agente del CNI. Me enseñó el carné identidad y, al ir a fotocopiarlo y ver el reverso, observo la edad que tiene y me choca muchísimo. Veo que es muy joven. Y me digo: ¡Esto no puede ser!”, ha dicho este martes.
Pese a todo, De la Hidalga aceptó la oferta de Gómez Iglesias y autorizó la operación. Pero, entonces, el responsable del banco les dijo que solo podía darles en ese momento 25.000 euros —que el empresario entregó en dos sobres al acusado— y que no abriría la nueva cuenta y transferiría el resto hasta unos días después. Antes, la víctima se arrepintió y le pidió al joven que le devolviera el efectivo. Era ya 13 de octubre. Al día siguiente, el Pequeño Nicolás fue detenido.
Las causas ya juzgadas
El Pequeño Nicolás lleva ocho años inmerso en causas judiciales y, de momento, solo ha logrado salir victorioso de una vista oral. En 2016, el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid lo condenó a una multa de 4.320 euros por calumnias al CNI, pero esa resolución acabó anulada y fue finalmente absuelto en 2018 tras repetirse el juicio. Ahí se acabó su fortuna. A partir de entonces, su paso por los tribunales ha resultado nefasto para sus intereses. En 2021, la Audiencia Provincial lo castigó a un año y nueve meses por falsificar el DNI en 2012 para que un amigo se presentase a la Selectividad en su nombre; y a otros tres años por hacerse pasar en 2014 por emisario del rey Felipe VI y de Sáenz de Santamaría durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen. Estos dos fallos se encuentran recurridos al Tribunal Supremo.
Gómez Iglesias, de 28 años, confía en que ambas penas acaben anuladas, pero aún le quedan más frentes. Porque 2023 tampoco le dará respiro. La Audiencia de Madrid prevé acoger en febrero el quinto juicio al Pequeño Nicolás. Se sentará en el banquillo por crear presuntamente una red criminal para obtener información confidencial de las bases de datos policiales. La Fiscalía le pide otros nueve años y nueve meses de prisión por ello.
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