El gobierno federal ha implementado nuevas acciones encuadradas dentro del Plan México, específicamente dirigidas a facilitar e incrementar la certidumbre en la inversión. Entre las medidas más recientes firmadas por la presidenta Sheinbaum se incluyen la Autorización Inmediata de Inversiones, la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y la simplificación de trámites de Cofepris, así como otras iniciativas enfocadas en el cumplimiento fiscal. Aunque estas acciones son bien recibidas, no abordan el núcleo del problema que enfrenta la inversión en el país.
Históricamente, la inversión física gubernamental ha mostrado una tendencia a la baja. Datos recientes revelan que en enero de 2026, la inversión del gobierno federal se contrajo un alarmante 30.3% en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando así el segundo peor registro en 15 años. Este debilitamiento se produce en un contexto donde la inversión total en relación al tamaño de la economía ha decrecido, pasando del 24.4% en 2024 al 22.7% en 2025. Estas cifras contrastan notablemente con la meta del Plan México, que aspira a alcanzar un 25% del PIB para 2026.
Un informe de finanzas públicas presentado por la Secretaría de Hacienda el 30 de abril de 2026 destaca que la inversión física ha caído un 15.6% en términos reales en el primer trimestre del año. El gasto del gobierno en obras se fijó en 179,554 millones de pesos, considerablemente menor a los 204,294 millones del mismo periodo en 2025, y representa apenas el 40% de lo que se había planeado inicialmente.
Ante este panorama económico, los esfuerzos del gobierno por atraer inversiones privadas parecen ser un intento apresurado. Las medidas, que prometen la autorización de inversiones en un plazo máximo de 30 días para ciertos proyectos y 90 días para el resto, pueden ser vistas como un alivio temporal a las demandas del sector productivo. Las promesas de eliminar la doble tributación y facilitar auditorías también son respuestas a quejas legítimas del empresariado.
Sin embargo, la verdadera razón por la que muchos inversionistas se muestran cautelosos no radica en la velocidad de respuesta de Cofepris, sino en la incertidumbre que rodea el marco legal existente. El reciente debilitamiento del sistema judicial, acentuado por la politización de la Suprema Corte y la preferencia por el arbitraje privado, ha creado una atmósfera de desconfianza. Además, la posibilidad de que la Suprema Corte reabra casos ya decididos afecta gravemente el principio de la cosa juzgada.
Por si fuera poco, la credibilidad del Banco de México ha sido erosionada en los últimos meses, lo que añade otra capa de incertidumbre. En este contexto, los inversionistas no solo se preguntan sobre la estabilidad del tipo de cambio a corto plazo, sino que también cuestionan la previsibilidad de las reglas monetarias a largo plazo.
Las medidas recientes del gobierno pueden facilitar trámites, pero no suplantan la necesidad de un sistema de justicia independiente ni de un banco central autónomo. A menos que se aborden las deficiencias institucionales que han surgido bajo la administración actual, el Plan México seguirá siendo percibido como un diagnóstico incompleto, disfrazado de solución efectiva.
En resumen, la recuperación de la inversión en el país requiere reformas estructurales profundas que vayan más allá de la simplificación de trámites. La verdadera estabilidad económica demandará un marco legal que garantice la seguridad jurídica y fomente la confianza en los inversionistas. ¿Es realmente posible sanar las heridas de un sistema judicial debilitado únicamente mediante decretos administrativos? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro del panorama inversionista en México.
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