Las masacres de civiles, el hambre obligada, las violaciones en grupo. Lo ocurrido en el oeste de Tigray trasciende los horrores de cualquier guerra: esa violencia extrema sedimentada en el caos y los círculos viciosos de crueldad y venganza. Más que producto de la impunidad y la sangre caliente, los excesos encajan en una campaña diseñada para expulsar a los tigriñas de su tierra. Para limpiar étnicamente esta fértil área y repoblarla con oriundos de Amhara, extensa región al sur de Tigray. Este es el principal hallazgo de un reciente informe con título explícito: We will erase you from this land (Os borraremos de esta tierra).
Los investigadores de Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron atando cabos mientras entrevistaban a los tigriñas que, poco después del inicio del conflicto, empezaron a llegar a Sudán. Vetadas en Etiopía, ambas organizaciones han tenido que conformarse con los testimonios –recogidos durante más de un año– de 400 refugiados que abandonaron su país rumbo al oeste. Material suficiente para concluir, sin fisuras de duda, que en Tigray occidental se ha orquestado una operación sistemática de limpieza étnica. “No son solo crímenes de guerra, sino crímenes contra la humanidad, los más graves, según la legislación internacional. Es otro nivel”, afirma Jean-Baptiste Gallopin, investigador de Amnistía Internacional y coautor del estudio.
La investigación se ha realizado con los testimonios –recogidos durante más de un año– de 400 refugiados que abandonaron su país
La intrincada red de culpables –y las dificultades para tejerla con precisión– revelan la complejidad de la guerra en Tigray, un conflicto que ha ido congregando, en un campo de batalla ilimitado, a ejércitos regulares (de Etiopía, pero también de su vecina Eritrea), unidades paramilitares regionales y milicias variopintas. Todos ellos con sus respectivas cabezas pensantes, dando órdenes en la retaguardia. Y azuzando rencores identitarios, con frecuencia en torno a disputas fronterizas sin zanjar.
La investigación apunta directamente a las fuerzas especiales de Amhara y los milicianos de Fano, un grupo político-militar originario de la misma región. Pero su estrategia de terror, especifica el estudio, ha contado “con la aquiescencia y posible participación del Ejército etíope”. No se ha podido probar, hasta el momento, que los gobiernos (federal de Etiopía, regional de Amhara) hayan dictado desde sus despachos el desplazamiento de tigriñas. Aunque las férreas medidas para silenciar Tigray entero invitan a la sospecha.
“La región lleva 17 meses sin internet, y sin teléfono desde junio del pasado año. También se ha cortado la electricidad para que la gente no pueda cargar sus dispositivos y grabar o tomar fotografías”, detalla Laetitia Bader, directora de Human Rights Watch en el Cuerno de África, quien añade una lógica consecuencia: “Cuando nos reunimos con refugiados en Sudán, esperábamos que tuvieran fotos o vídeos de lo que habían presenciado; no tenían nada”. Bader explica que el Gobierno etíope sigue sin permitir el acceso de periodistas a la zona. Y da largas sine die a las peticiones de una investigación independiente sobre el terreno. “La constante es negarlo todo en un marco de minimización sobre lo ocurrido”, señala.
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