Desde el año 2005, Europa ha establecido un mercado de carbono que obliga a las empresas industriales a adquirir créditos o permisos para cubrir sus emisiones de CO2. Este mecanismo ha evolucionado, incrementando su costo a medida que se implementan restricciones más estrictas en la disponibilidad de permisos. En la actualidad, el precio de un permiso para emitir una tonelada de CO2 oscila entre 80 y 100 euros, resultado de una política orientada a incentivar la reducción de emisiones en el sector industrial.
El sistema, que abarca aproximadamente el 40% de las emisiones europeas, incluye industrias cruciales como la generación de electricidad, cementeras, acero y petroquímica. Las empresas que logran reducir sus emisiones pueden vender sus permisos excedentes a aquellas que superen sus límites, además de participar en subastas organizadas por la Unión Europea y gobiernos nacionales.
Sin embargo, esta dinámica ha generado inquietudes entre los exportadores, quienes enfrentan costos adicionales y una posible desventaja competitiva en el mercado global. Para mitigar esta inequidad, la Unión Europea implementó en 2026 el Mecanismo de Ajuste en la Frontera a las Emisiones de CO2 (CBAM). Este mecanismo exige a los importadores adquirir permisos equivalentes a las emisiones generadas en el país de origen de las mercancías, con el objetivo de igualar condiciones con las empresas europeas.
Las importaciones exentas son aquellas provenientes de naciones con un sistema que regula el precio de emisiones de CO2, ya sea a través de un impuesto al carbono o un mercado de emisiones. Si el costo en el país exportador es menor al establecido en Europa, se deberá abonar la diferencia con permisos CBAM.
Inicialmente, en 2026, el CBAM solo se aplicará a las importaciones de sectores como cemento, hierro, acero y fertilizantes, pero se planea expandirlo hacia 2030 para incluir otros sectores significativos, como el automotriz y petroquímico. Aunque actualmente México no se ve muy afectado por estas regulaciones, la situación podría cambiar, dado que el país exporta anualmente cerca de 30 mil millones de euros a la Unión Europea, principalmente productos manufacturados con emisiones considerables de CO2.
Es relevante mencionar que en México no existe un sistema que genere un precio al carbono similar al de Europa. Aunque se implementó un impuesto al carbono sobre combustibles fósiles en 2016, su impacto ha sido mínimo. Esto sugiere que, si la tendencia continúa, las exportaciones mexicanas podrían enfrentarse al CBAM en el futuro, afectando su competitividad.
A medida que el entorno global cambia, la política climática en Estados Unidos podría experimentar reactivaciones en los próximos años. La posible llegada de nuevas administraciones podría abrir el debate sobre medidas climáticas y la implementación de impuestos o mercados de emisiones, lo que podría alterar las relaciones comerciales entre México y ambos continentes.
Con las tensiones entre el interés por la protección del medio ambiente y el comercio internacional, el futuro del comercio entre México y Europa, así como planificaciones para enfrentar desafíos climáticos, se volverán cada vez más cruciales en la agenda global.
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