La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión trascendental al aceptar estudiar el amparo de Silvia García Castañeda, una tanatóloga diagnosticada con cáncer de mama. El 17 de junio, con el apoyo de ocho votos a favor y uno en contra —el de la ministra María Estela Ríos González—, la Corte decidió analizar el caso que cuestiona la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido en México.
García Castañeda argumenta que esta legislación vulnera su autonomía al impedirle decidir cómo y cuándo concluir su vida, un derecho que ella cree debería respetarse, especialmente en el contexto del sufrimiento de los pacientes terminales. Su amparo desafía las disposiciones estipuladas en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México que prohíben estas prácticas, lo que pone sobre la mesa la cuestión de la constitucionalidad de dicha prohibición. Mientras la Corte no emita una sentencia, la legislación actual continúa vigente, manteniendo el estado de la cuestión en un escenario de incertidumbre legal.
La eutanasia en el país está prohibida, con sanciones penales asignadas a su práctica, incluyendo el suicidio asistido y el homicidio por piedad. Sin embargo, la preocupación sobre este tema ha comenzado a resonar en los círculos legislativos, especialmente desde que emergió la iniciativa ciudadana “Ley Trasciende,” impulsada por Samara Alejandra Martínez Montaño y respaldada por diversos senadores. Esta propuesta busca incorporar un marco normativo que regule el derecho a la eutanasia, sugiriendo cambios significativos en la legislación vigente.
El concepto de muerte asistida se desglosa en la eutanasia activa voluntaria, donde un médico pone fin intencionalmente a la vida de una persona bajo su solicitud. También existe la muerte asistida por un médico, donde se le proporcionan medicamentos a alguien para que decida su momento final. Estos temas han generado opiniones divididas. Para Asunción Álvarez del Río, profesora investigadora en la UNAM, permitir la muerte médicamente asistida fortalece las libertades individuales ya que su uso es voluntario. En contraposición, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sostiene que es inevitable que este derecho sea regulado en un futuro no lejano.
De acuerdo con una encuesta nacional realizada entre 2016 y 2022, un 72.7% de los encuestados apoya el cambio de leyes que permita a personas enfermas recibir ayuda para terminar con su vida de acuerdo con su voluntad. Además, un 68.6% opina que aquellos en fase terminal deberían tener la opción de decidir sobre su muerte.
Esta discusión sobre la muerte asistida se intensifica entre la población, donde es crucial normalizar la conversación sobre el final de la vida. Expertos como Álvarez sugieren que desde la infancia se debe hablar abiertamente sobre la muerte, eliminando tabúes que muchas veces impiden la expresión de deseos en momentos críticos.
El debate sobre la eutanasia en México se abre en un contexto donde otros derechos, como el acceso a servicios de salud y el reconocimiento de la autonomía personal, han avanzado significativamente. Es un tema en evolución que sin duda, continuará desarrollándose en la esfera pública, en la medida que la SCJN y el poder legislativo exploren las implicaciones de los derechos humanos y la dignidad de los pacientes terminales.
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