La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha lanzado la edición más reciente de su informe “Pensions at a Glance”, que en 2025 proporciona un análisis exhaustivo de los sistemas de pensiones de sus países miembros. Esta publicación es una referencia indispensable para aquellos que estudian y analizan la evolución y situación del ámbito pensionario a nivel internacional.
El informe detalla las reformas más significativas implementadas en diferentes países, además de abordar temas cruciales como la brecha de género en las pensiones, el contexto demográfico, el diseño de sistemas pensionarios y el análisis de derechos en función de diversos escenarios. En particular, se enfoca en la reforma pensionaria de México adoptada en mayo de 2024, cuyo objetivo es equilibrar la tasa de reemplazo (TR) para los trabajadores de menores ingresos en el sistema Afore, de contribución definida. Esta reforma garantiza una TR del 100% hasta un límite de salario mensual promedio vigente al momento de la adopción. Para cubrir la diferencia entre la pensión calculada y este límite, se habilitó el Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB), aunque las fuentes de financiamiento para este fondo han sido objeto de controversia. El gobierno ha mencionado vías de financiamiento cuestionables y ha considerado la muy criticada opción de utilizar recursos de cuentas inactivas que no han sido reclamadas. Aunque la OCDE reconoce la aspiración de mejorar las pensiones para los menos favorecidos, también pone en duda la sostenibilidad del financiamiento, lo que podría generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas ya ajustadas.
Además, el informe incluye un análisis singular sobre los ingresos y la pobreza que enfrentan los adultos mayores. En México, se destaca que para la población mayor de 65 años, cerca del 50% de sus ingresos provienen de actividades laborales, mientras que las transferencias ocupacionales privadas representan un 26%, las públicas un 13% y los recursos de capital un 11%. A pesar de la existencia de programas sociales, las transferencias públicas son relativamente bajas, lo que obliga a muchos adultos mayores a seguir trabajando, frecuentemente en la economía informal.
Es revelador que la tasa de pobreza general en México se sitúa en el 16%, mientras que entre los adultos mayores asciende al 20%. Contrasta significativamente con los promedios de la OCDE, que son del 11% y 15% respectivamente. Además, México presenta una alta desigualdad de ingresos entre las personas mayores, con un coeficiente de Gini de 0.433, solo superado por Costa Rica, lo que evidencia la disparidad en la distribución de ingresos en este sector. El promedio de la OCDE es notablemente inferior, con un Gini de 0.308.
Este estudio no solo refleja la situación actual de las pensiones en México, sino que también pone de manifiesto los desafíos que aún se deben enfrentar para garantizar una vejez digna a quienes han aportado a la economía del país a lo largo de su vida. Las reformas planteadas tienen buenas intenciones, pero la efectividad de su implementación y financiamiento continúa siendo un tema crítico a discutir y evaluar en los años venideros.
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