El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quedó libre de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego que el juez consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público son insuficientes; sin embargo, continúa el proceso de extradición que pide Estados Unidos.
De acuerdo con la carpeta de investigación 67/2017, al exmandatario se le acusó por haberse apropiado en 2007 de forma ilícita de terrenos ubicados en Altamira, mismos que pertenecían al estado.
En ese expediente se denunciaba que mediante prestanombres logró adquirir un terreno de mil 600 hectáreas que pertenecía al gobierno de Tamaulipas, esto por un pago único de 16 millones de pesos, cuando realmente era un predio valuado en más de mil 050 millones.
El exmandatario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, conocido como “Almoloya”, en el Estado de México.
Dictan auto de libertad
El juez segundo de lo Penal en Ciudad Victoria, José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, dictó auto de libertad a favor de Hernández Flores, quien permanece preso desde el 6 de octubre de 2017.
Este viernes 17 de septiembre se dictó “auto de libertad absoluta y auto de libertad por falta de elementos para procesar” dentro del expediente 00067/2017. La notificación fue dirigida al director del Centro de Readaptación Social de Tenango del Valle, en el Estado de México.
Sin embargo, sigue enfrentando otros procesos penales, así como la solicitud de extradición por parte de la Corte Federal de Distrito Sur de Texas, que busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para el lavado de dinero.
Hasta el momento la defensa del exgobernador de Tamaulipas ha promovido diversos amparos contra su traslado a Estados Unidos, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien tenga la última palabra.
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El exmandatario lleva dos años en prisión, ha pedio en repetidas ocasiones la protección de la justicia federal y en octubre pasado un juez federal en Ciudad de México le negó un amparo al sobreseer (anular) el juicio de amparo, por ello su defensa legal recurrió al colegiado.
Por tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio su visto bueno para la extradición, pero otro juez federal emitió su opinión jurídica en la que señaló que debía ser juzgado en México y no podrá ser enviado a Estados Unidos hasta que no se resolviera en definitiva su amparo.
El asunto aún sigue en trámite y en caso de que las autoridades mexicanas lo extraditen, sería el segundo exgobernador tamaulipeco enviado a Estados Unidos, después de Tomás Yarrington, quien ya enfrenta a la justicia estadunidense.
