En un contexto donde la transparencia gubernamental es fundamental, tres documentos oficiales publicados en un lapso de dos días demuestran un problema recurrente: aunque revelan cierta verdad, ocultan información crucial. Esto es relevante dado que el Artículo 6 de la Constitución mexicana garantiza el acceso a información plural y oportuna, mientras que el Artículo 12 de la Ley General de Transparencia establece que la información gubernamental debe ser accesible, confiable, completa, verificable, veraz y oportuna.
El boletín de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 10 de agosto sobre el empleo formal anticipó cifras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desglosaría más tarde. En cuanto a las cifras de julio, ambas instituciones coinciden: 22,760,154 puestos de trabajo, un salario promedio de 673.9 pesos diarios y 326,987 empleos más que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, el problema emerge cuando se analiza lo que se omite.
Mientras el IMSS reporta una caída de 19,550 puestos de trabajo en julio, equivalente al 0.1%, y atribuye esta disminución a factores estacionales, la STPS elige no mencionarla, optando por presentar comparaciones anuales más favorables. Aunque el IMSS aclara la caída, su explicación diluye su gravedad. Además, en el tema de los registros patronales, la cifra de 1,013,054 representa 2,046 menos que el mes anterior y un descenso del 2.5% con respecto al año anterior. Aunque el IMSS advierte que esta reducción no implica necesariamente cierres de empresas, la falta de desagregado impide saber cuántos se deben a validaciones regulatorias.
En relación al Reporte de la Incidencia Delictiva, la estrategia de comunicación es similar. Al realizar comparaciones con picos históricos, el reporte no menciona cuáles de las 32 entidades no lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos. La ausencia de tasas por cada 100,000 habitantes complica la comparación entre estados con realidades tan diferentes, como el Estado de México y Morelos, donde informes de Inegi y SESNSP también muestran estas tasas.
Una carencia más en el reporte es la omisión de datos sobre el estatus de las 63,564 detenciones realizadas entre octubre de 2024 y julio pasado. Sin aclaraciones sobre cuántos detenidos aún están en prisión preventiva, cuántos enfrentan un proceso judicial, o cuántos han sido liberados, se pierde la oportunidad de evaluar el verdadero impacto de las acciones de investigación. Detener no es lo mismo que sentenciar, y el reporte solo contabiliza lo primero.
Esta aparente contradicción es alarmante. Un gobierno que demanda precisión y veracidad de periodistas y medios no siempre aplica esos mismos estándares a sus propios comunicados. La información oficial no necesita ser falsa para desinformar; basta con seleccionar cifras favorables y omitir datos incómodos, dejando de lado elementos que son críticos para comprender la realidad.
La transparencia se desvanece cuando el ciudadano solo recibe una parte de la información que refuerza el mensaje oficial. Publicar datos no es suficiente; deben ser presentados de manera completa, verificable y con el contexto necesario para su correcta interpretación. La responsabilidad de los funcionarios es no solo informar, sino hacerlo de manera que garantice el entendimiento pleno de la realidad que enfrentamos.
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