Exguerrilleros, un torturador y dos gendarmes farsantes: comercio antidisturbios en el G-20

Con un saquito entramado en blanco y negro, en el horario central de un set de televisión, la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo: “Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”.

El jueves sería 29 de noviembre de 2018, víspera del G-20, la reunión anual de los presidentes más poderosos del planeta para debatir sobre políticas financieras internacionales. La ciudad que invitaba a abandonar era Buenos Aires, capital del país anfitrión, Argentina. Las complicaciones iba a provocarlas el operativo de seguridad que su ministerio había montado para que circularan sin obstáculos veinte mandatarios con sus comitivas, 2.650 periodistas acreditados y miembros de ocho organizaciones internacionales. Y la frase, más que una recomendación, sonó como una amenaza.

“Hace más de un año que estamos trabajando para el G-20. Sabemos que se intentan generar espacios de violencia extrema y situaciones de caos y desborde —deslizó la alta funcionaria en la entrevista, bajando apenas el tono—. Y por eso, lo que vamos a plantear como estrategia es que en Argentina todos aquellos que quieran protestar pacíficamente, porque tienen una posición política e ideológica en contra del G-20, lo puedan hacer. Pero que nos ayuden”.

Lo que decía la responsable de la seguridad era cierto: hacía más de un año que su Gobierno venía preparándose para ese momento. Lo que descubrió Anfibia, en alianza con la investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueves medios del continente, es que eso significaba aprovisionarse de un arsenal que compraría en circunstancias dudosas y a personajes de grueso calibre.