El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a.m. hora local, un devastador terremoto de magnitud (Mw) 7.4 sacudió el occidente de Colombia, específicamente a una profundidad de 104 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano. Este evento, el más potente registrado en el país en lo que va del siglo XXI, evoca ecos del fatídico terremoto de Armenia en 1999, que dejó a su paso más de 60 edificaciones históricas en ruinas.
A pesar de su magnitud, la magnitud del desastre se mantiene a distancia de otros sismos significativos en el mundo, como el del Tohoku en Japón (2011) o el Maule en Chile (2010). Sin embargo, su epicentro se localizó a apenas cinco kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una región activa en términos sísmicos, debido a la interacción entre las placas tectónicas Nazca y Suramericana. Históricamente, esta zona ha sido testigo de temblores devastadores, como los ocurridos en 1906 y 1979.
El impacto del terremoto ha sido trágico, con un balance aterrador de 265 vidas perdidas hasta la fecha. La naturaleza del sismo, un interplaca de subducción con profundidad intermedia, ha mostrado ser especialmente destructiva. La placa de Nazca se presenta en un lento pero continuo proceso de hundimiento bajo la Sudamericana, liberando así enormes cantidades de energía en forma de terremotos.
La destructividad del evento puede atribuirse tanto a su magnitud como al mal estado de muchas edificaciones en Colombia. No es simplemente cuestión de números; mientras que un aumento en la magnitud de un terremoto refleja una liberación de energía colossal —un sismo de 7.0 libera 32 veces más energía que uno de 6.0— el vínculo entre la profundidad del temblor y su impacto en la superficie es igualmente crucial. Un temblor más profundo tiende a dissipar su energía, resultando menos destructivo a nivel superficial.
No obstante, en la actualidad, muchas edificaciones en Colombia están mal preparadas para enfrentar la fuerza de un terremoto. A pesar de que la normativa de construcción sismo-resistente existe desde 1984, la mayoría de las construcciones no cumplen con estándares adecuados. De hecho, en Bogotá apenas un 40% de las edificaciones se ajustan a las normas, dejando un 60% vulnerable. Esto es aún más alarmante si consideramos que muchas estructuras de patrimonio, como la catedral de Manizales, sufrieron serios daños debido a su baja resistencia.
Otro factor que ha contribuido a la tragedia son las prácticas de construcción inadecuadas, como la falta de anclaje en muros no estructurales. La caída de fachadas y otras partes del edificio durante el temblor ha amplificado la crisis, provocando daños y tragedias que podrían haberse evitado.
A medida que avanzan las tareas de rescate, con un tiempo crítico estimado de tres a cinco días para localizar sobrevivientes, el desafío de evaluar los daños materiales y estructurales se presenta como la siguiente prioridad. Un balance preliminar sugiere el colapso de 46 edificios en Pereira, 65 en Manizales y otros 17 en Quibdó, entre los cuales se destaca un edificio de cuatro pisos que se derrumbó. En total, se estima que cerca de 2,700 edificaciones han resultado afectadas.
Mientras Colombia enfrenta estos desafíos, la urgencia en la respuesta y en la evaluación de las estructuras afectadas se intensifica. Expertos son convocados para asegurar la seguridad de los edificios que sobrevivieron, aunque con daños notorios, determinando así su viabilidad para ser habitados o la necesidad de refuerzos.
Este terremoto ha dejado lecciones amargas sobre la importancia de la construcción segura y de una adecuada preparación ante desastres naturales. Con cientos de vidas en juego, el momento de actuar es ahora.
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