Facundo Rosas tramita amparo contra orden de aprehensión

Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta responsabilidad en el operativo Rápido y Furioso, que permitió la entrada ilegal de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El amparo fue presentado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo, bajo el expediente 69/2022, mismo que aún no ha decidido si admite o no la demanda promovida por un tercero en favor del exfuncionario federal debido a que faltan algunos elementos en la demanda.

Este recurso fue presentado desde el 27 de enero de 2022, día en que Facundo Rosas fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSP-CDMX) tras atropellar a una mujer en la alcaldía de Álvaro Obregón, persona que perdió la vida tras el accidente.

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Ese mismo día, luego de rendir su declaración, elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión girada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo por el operativo Rápido y Furioso, en el que también está implicado Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Durante el mismo día una tercera persona también tramitó el amparo 78/2022 contra la “incomunicación, desaparición y detención” de Facundo Rosas, por lo que el juzgado determinó otorgarle una “suspensión de plano” para evitar que las autoridades lo incomunicaran o desaparecieran.

Sin embargo, debido a que Rosas fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Sonora y que el 31 de enero se le dictó auto de formal prisión por el delito antes mencionado, es que el exfuncionario permanece detenido.

El operativo Rápido y Furioso revivió luego de que el 9 de enero se diera a conocer que un juez otorgó a la FGR órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su probable responsabilidad en este operativo que permitió la ilegal entrada de armas de fuego de Estados Unidos a México, mismas que “fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde el año 2009 hasta fechas recientes”.

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