La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha resonado en todo el mundo por sus implicaciones políticas y sociales. Las autoridades mexicanas informaron sobre un trágico saldo de 62 muertos tras el operativo que culminó en su caída, lo que pone en evidencia la violencia intrínseca al narcotráfico en el país. Sin embargo, este evento ha trascendido más allá de lo criminal, tocando las fibras de una relación diplomática frágil entre México y Estados Unidos.
Analistas sugieren que esta acción fue una respuesta directa a la intensa presión que el gobierno estadounidense ejerce sobre México en temas como el tráfico de fentanilo. En un contexto donde la administración de Claudia Sheinbaum se siente obligada a demostrar que está “haciendo la tarea”, el mensaje enviado a Washington es implícito: la lucha contra el narcotráfico es prioridad y es más que un simple compromiso; es un acto deliberado que busca tranquilizar a un vecino del norte ansioso por resultados.
Sin embargo, la narrativa común tiende a simplificar un fenómeno multifacético. Cuando se habla de la crisis de adicción y el consumo de drogas en Estados Unidos, la culpa se dirige casi exclusivamente hacia el narcotráfico mexicano. Esta visión, que ignora la realidad del consumo de drogas como parte de un complejo entramado social y económico estadounidense, nos lleva a pasar por alto la responsabilidad local.
El tráfico de drogas en México no es un fenómeno aislado; surge y prospera debido a una demanda colosal proveniente del norte. Millones de dólares fluyen en un sistema que no solo involucra al narco mexicano, sino que también es alimentado por una vasta red de distribuidores y consumidores en Estados Unidos. Este entorno hace que la lucha contra el narcotráfico sea un tema atractivo y rentable para políticos y medios de comunicación, que prefieren exhibir la imagen del “enemigo público número uno” en lugar de abordar el modelo de consumo y sus implicaciones sociales.
La operación contra “El Mencho” se sitúa en un contexto de exigencias diplomáticas severas que invocan una respuesta contundente de México, especialmente en tiempos en los que la narrativa política estadounidense convierte la guerra contra las drogas en un estandarte en campañas electorales. La presión que recae sobre México es clara: si hay sobredosis en ciudades estadounidenses, se espera que alguien en México pague la cuenta.
Sin embargo, este enfoque es profundamente irónico. Mientras que se exigen resultados visibles como capturas y decomisos, el debate sobre la responsabilidad interna en Estados Unidos tiende a diluirse. ¿Qué sucede con las instituciones financieras que facilitan el lavado de dinero? ¿Cuál es el papel de las redes de distribución que operan en el propio territorio estadounidense? La cuestión de tratar la adicción como un problema de salud y no solo como un tema electoral sigue sin tomar la relevancia que merece.
La hipocresía radica en presentar la lucha contra el narcotráfico como una cruzada moral, cuando en realidad el consumo interno se mantiene estable y las ganancias encuentran formas de circular. Aunque nadie justifica la violencia asociada a los capos del narcotráfico, pensar que la caída de un solo líder resolverá el problema es una visión reductiva. La fragmentación de una organización puede alterar dinámicas en el corto plazo, pero la demanda que sostiene estos negocios sigue intacta.
Así, lo que debe quedar claro es que la guerra contra el narcotráfico no se ganará derribando solo figuras emblemáticas. Es un problema que requiere un análisis más profundo y soluciones que aborden las raíces del consumo, reconociendo que, sin una transformación integral en las estructuras sociales y económicas, el ciclo del narcotráfico continuará.
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