En el marco de la conmemoración del 23-J, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha hecho una propuesta que ha generado diversas reacciones por parte del espectro político catalán. La idea de crear un frente común contra el centralismo ha sido recibida con frialdad por el soberanismo catalán, quien ha manifestado su desconfianza en proyectos de unidad que no pasen por la independencia.
En un momento de incertidumbre política tras las elecciones catalanas de 2021, el llamado a la unidad que hace Pere Aragonès parece no lograr el objetivo deseado de unir a todas las fuerzas independentistas de cara a una reivindicación compartida. La fragmentación del soberanismo catalán se hace manifiesta en la respuesta unánime que fractura cualquier posibilidad de acuerdo que no sea el de la independencia como horizonte final.
Pero la propuesta no solo ha sido criticada desde la perspectiva independentista. También desde el Estado se han vertido críticas por la utilización de la diada del 23-J como plataforma política y la promoción de un frente común que consideran peligroso y fuera de la legalidad vigente. La división política se profundiza en este contexto, con un soberanismo dispuesto a aceptar solo su proyecto y un Estado que intenta contener cualquier expresión de lo que considera ilegalidad.
En este clima político se hace difícil encontrar una respuesta positiva y constructiva ante una propuesta que busca sumar y unificar. La identificación con proyectos independentistas o más integrados en el Estado es excluyente y la política se encuentra en un momento en el que parece difícil encontrar espacios de intersección que permitan avanzar hacia un bien común. El 23-j y su significado histórico se convierten así en un reflejo de la complicada realidad política en la que se encuentra Cataluña.
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