Pinita Gurdián lloró durante dos días cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones de 1990. Ella y su familia lo habían dado todo por la revolución sandinista: entregaron su finca familiar para la reforma agraria impulsada por el Gobierno revolucionario, sus hijos marcharon a la guerra para defender la revolución, ella trabajó como voluntaria para mejorar la vida de los pobres en un país empobrecido por la dictadura somocista.
Más de 40 años después ve cómo aquellos ideales fueron traicionados por una pareja que decía defenderlos. Gurdián es madre de Ana Margarita Vijil y abuela de Tamara Dávila, dos de las presas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde su captura no sabe nada de ellas. No se les permite verlas, hablarles, entregarles alimentos. Tampoco se cumple con el derecho a tener un abogado contratado por la familia. “Es una situación horrible. Siento temor, porque sabemos en las manos de quiénes están”, explica Gurdián a Columna Digital. “Siento una rabia inmensa. Yo no me metí a la revolución para esto”, afirma.
Crisis política en Nicaragua
Dávila fue detenida el 12 de junio. Ella es una joven feminista y activista que plantó cara al régimen de Ortega desde antes de 2018, cuando estallaron multitudinarias protestas que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. Se le podía ver siempre en las manifestaciones, con pañuelos verdes símbolo del movimiento feminista o la bandera azul y blanco de Nicaragua, emblema de rebeldía contra el Gobierno. El arresto fue en su casa, durante la noche. “Esa noche estaba su hija (cinco años) con ella. A Tamara tenían tiempo de perseguirla. La policía la seguía a donde iba y ella le decía a la niña que la policía la cuidaba, para que no se asustara. Si iba al colegio, al mercado, nunca la dejaban sola. El día de la captura llegó una cantidad enorme de oficiales. La niña vio todo ese movimiento, es un gran trauma para ella”, relata Guardián.
