Farias Laguna alerta sobre abusos en proceso

Manuel Roberto Farías Laguna, un exmarino mexicano, ha lanzado un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando presuntas violaciones a su debido proceso y a su derecho a una defensa adecuada. Su situación es alarmante: lleva más de siete meses en prisión preventiva, lo que ha generado profundas inquietudes sobre la legalidad de su detención.

Desde noviembre de 2025, Farías ha instado a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar diversas investigaciones que sustentarían su defensa. Sin embargo, ha enfrentado obstáculos significativos. Según sus denuncias, la Secretaría de Marina ha impedido el acceso a información vital, argumentando razones de seguridad nacional. Esta negativa, sostiene Farías, lo coloca en un “estado de indefensión”, puesto que la información que solicita es crucial para demostrar su inocencia ante los cargos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos que se le imputan.

El exmilitar, vinculado a la causa penal 325/2025, ha sido objeto de una medida cautelar de prisión preventiva justificada desde el 2 de septiembre de 2025. Farías, con 33 años de servicio en la Armada de México, califica como “atípico” que se le haya negado el acceso a datos esenciales para su defensa. Esta situación, afirma, contraviene principios de legalidad y derechos fundamentales reconocidos por la ley.

Un aspecto particularmente preocupante en este caso es la baja administrativa que sufrió el 18 de diciembre de 2025, la cual califica de arbitraria. Farías no tuvo la oportunidad de enfrentar el proceso penal en activo, lo cual no solo afectó su dignidad, sino también sus ingresos y los servicios médicos fundamentales para él y su familia. “Se vulnera la presunción de inocencia”, señala con firmeza, al advertir que esta decisión se tomó antes de que se emitiera una sentencia en su contra.

A más de seis meses desde la conclusión de la etapa de investigación complementaria, Farías ha denunciado que no se ha integrado la información solicitada en su carpeta de investigación, a la que atribuye tácticas dilatorias. Su reciente misiva se suma a otros tres documentos dirigidos a la titular del Ejecutivo federal, donde reitera su preocupación por las violaciones al proceso que enfrenta.

Este caso resalta la complejidad de la relación entre las instituciones de seguridad y los derechos individuales, un tema que sigue generando amplio debate en México. La situación de Farías Laguna no solo implica su vida y futuro, sino que también plantea interrogantes sobre la justicia y la transparencia en el sistema penal mexicano. A medida que se desarrolla este caso, la atención sobre el mismo aumentará, especialmente en un contexto legal donde las garantizadas condiciones de defensa son esenciales para el respeto al estado de derecho.

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