Alberto Núñez Feijóo pidió tiempo a Pedro Sánchez. Cuando ambos se reunieron en abril, el líder del PP no estaba en condiciones de responder al bloque de propuestas susceptibles de ser negociadas que le presentaba el jefe del Gobierno. No han pasado ni cinco semanas desde ese encuentro, pero sí suficientes acontecimientos como para que La Moncloa haya acumulado razones para proclamar que Núñez Feijóo y Pablo Casado están unidos por la misma estrategia. “Las diferencias son solo de decibelios”, no de fondo, señalan interlocutores del ámbito socialista. El caso es que el líder del PP, que será senador por designación autonómica en un par de semanas, no encuentra alicientes, ventajas ni razones que lleven a establecer una estrategia de reformas pactadas. Y el Gobierno tampoco se ve con ganas ni disposición de entrar en un ciclo de conversaciones, del que duda que salga algo en claro.
En el lado del Gobierno se acumulan razones para dar al traste con cualquier expectativa, de acuerdo con el PP. Los populares ponen sobre la mesa sus propuestas para que el Ejecutivo incluya al menos una en sus planes; y, si no cumple esta condición, se rompe la baraja. El Ejecutivo, por su lado, recela del método de negociación empleado por los populares, que no difiere del utilizado por Casado, aseguran. Después de tres años largos, los innumerables intentos de renovar el caducado órgano de gobierno de los jueces vuelven a sepultarse.
No se cerró ningún compromiso en la reunión del 7 de abril en La Moncloa, aunque Sánchez insistió en la falla democrática que supone no renovar los órganos constitucionales. Feijóo habló de cambio del modelo de elección y quedaron en poner en pie la negociación con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional y eurodiputado popular, Esteban González Pons.
Reunirse y hablar lo han hecho. Los dos son interlocutores de peso, pero nadie se atreve a asegurar que vaya a haber pacto. Lo prioritario para el Gobierno es que se renueve el Consejo General del Poder Judicial y no que se cambie el modelo. Esa modificación debería abordarse después de cumplir la legalidad y que un nuevo Consejo empiece su mandato. No es ese el planteamiento del PP, que quiere empezar con el cambio en el sistema de elección de los vocales judiciales. Con ese compromiso, argumentan, se podría volver a hablar de los nombres para sustituir a los actuales miembros con el mandato caducado y a su presidente, Carlos Lesmes. “Eso es trampa”, claman en el Gobierno, reticente, además, a cambiar el modo de elección de los vocales para que estos se elijan entre los jueces. “No es nuestro modelo, no creemos que sea mejor en absoluto”, señalan fuentes gubernamentales. Si a esta discrepancia de principio se une que la campaña electoral para los comicios del 19 de junio en Andalucía ya está en marcha, el sustento para iniciar el diálogo es muy pobre.
Feijóo pidió tiempo a Sánchez ese 7 de abril al enterarse sobre la marcha de las propuestas del presidente sobre los once asuntos susceptibles de negociar. No hay gritos de Feijóo desde las tribunas en las que se coloca todos los días para que su voz se escuche. Las escaramuzas internas del Gobierno de coalición y los problemas objetivos y graves que tiene que el Ejecutivo dan material de sobra al PP para que se zambulla en la crítica más severa. Por tanto, no hay razones para acercarse al Gobierno, cuando Vox sigue al alza y la campaña está en marcha.
Todo sigue igual, incluido lo que les une, como es el actuar de dique en defensa de la monarquía constitucional, encarnada por Felipe VI, y salvaguardar asuntos de defensa y seguridad. A finales de mes, el PP pondrá en la picota al Gobierno por el caso Pegasus. Sin entrar en el asunto de fondo, pondrá el énfasis en la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, y en el mal lugar en que han quedado los miembros del CNI. No tendrá en cuenta que tanto el presidente del Gobierno, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han sufrido una invasión de sus comunicaciones. Esta es la razón por la cual el Gobierno justificará la destitución de Esteban.
Pero ese dato no le interesa al PP, sino la relación del Ejecutivo con los independentistas y por qué negoció con ellos su investidura al tiempo que el servicio secreto les vigilaba por supuestas irregularidades, que, al parecer, no han tenido traducción práctica en los tribunales. El Gobierno es el responsable, y no el CNI, según la visión popular. Sí están unidos, sin embargo, en impedir que prospere la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En lo demás, que es todo, incluida la economía, el Gobierno sabe que solo puede contar con su bloque de investidura, a pesar de las dificultades crecientes.
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