Feministas critican Congreso de Masculinidades por abusos financieros y odio.

Varias organizaciones de la sociedad civil, incluidas feministas y defensoras de derechos humanos, han formalizado este jueves una denuncia ante la Secretaría de Gobernación. Esta acción se produce en el contexto de las controversiales irregularidades relacionadas con el Congreso de Masculinidades Fearless, programado del 17 al 19 de abril en el Santuario de los Mártires Mexicanos, en Guadalajara, Jalisco.

El próximo congreso contará con la participación de figuras polémicas como el psicólogo canadiense Jordan Peterson, el youtuber religioso Álvaro Quesada, el ultraderechista Eduardo Verástegui, y la influencer conservadora Sarab Rey. Además, el exfutbolista del FC Barcelona Carles Puyol será el ponente principal. Las entradas para el evento varían entre 1,450 y 7,490 pesos, mientras que los clérigos y miembros de la orden religiosa pueden beneficiarse de descuentos de hasta 1,000 pesos.

Según los organizadores, el surgimiento de este congreso responde a lo que un grupo de jóvenes vinculados a misiones religiosas describe como un “ataque a la masculinidad”. Su objetivo es, afirman, “recuperar a los hombres virtuosos, como fueron diseñados por Dios”.

Sin embargo, distintas organizaciones de derechos humanos han manifestado que los fondos públicos no deberían destinarse a promover mensajes que vayan en contra de los derechos humanos o que fomenten la violencia de género. En un comunicado, subrayan que “ningún recurso público debe destinarse a iniciativas que reproduzcan discursos de odio y narrativas que niegan los derechos y fomentan la violencia y discriminación basadas en prejuicios y estereotipos de género”. Esta voz colectiva incluye a más de 140 colectivos, entre ellos Católicas por el Derecho a Decidir México, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Este mismo mes, medios locales informaron que el ayuntamiento de Guadalajara aprobó una “donación” de 400,000 pesos para el congreso. Esta decisión generó una ola de críticas que llevó al Gobierno estatal y al municipio de Zapopan a retirar el patrocinio previamente comprometido. Las organizaciones denunciantes argumentan que el uso de fondos públicos y la elección de un recinto religioso, considerado bien nacional, infringe tanto la Constitución como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, comprometiendo así la laicidad del Estado.

Las organizaciones también han resaltado la participación de ministros de culto en el evento, incluyendo al arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega, así como representantes del Vaticano. Esto refuerza el carácter religioso del congreso y agrava las preocupaciones acerca de su organización.

Las voces que exigen investigación sobre el origen de los fondos destinados a este evento también demandan que el Estado asuma su responsabilidad en la promoción de la igualdad de género y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La resolución de estos puntos no solo definirá el futuro de este congreso, sino también la posición del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

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