La Fiscalía ha pedido que se archive la denuncia contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras, por su supuesta mediación para adelantar una operación a un familiar del número dos del PP, Teodoro García Egea. El fiscal Juan Pablo Lozano considera en su escrito que no hay “indicios mínimos” que justifiquen el delito de cohecho del que se le acusa ni pruebas suficientes sobre la posible mediación.
El fiscal ha pedido que se archive el procedimiento que arrancó a raíz de una denuncia de Podemos e IU contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, por la supuesta mediación del primero para adelantar la fecha de una operación quirúrgica a un familiar de García Egea.
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El juzgado de Instrucción número 7 de Murcia abrió diligencias previas el pasado 7 de diciembre y pidió al ministerio fiscal su opinión sobre la viabilidad jurídica de esa denuncia, en la que los dos partidos acusaban al dirigente murciano de un posible delito de cohecho basándose en unas fotografías publicadas en junio por el diario digital Infolibre, en las que podían verse mensajes de la aplicación Whatsapp del móvil del presidente en la que conversaba sobre esa intervención médica.
El fiscal Lozano considera en su escrito que los mensajes publicados no son prueba suficiente de que la operación del familiar de García Egea se adelantara por la “mediación personal” de López Miras, y sostiene que los hechos que se relataban en la noticia original “no suponen la comisión de delito alguno”, al margen de la “valoración extrajurídica” que se pueda hacer sobre el hecho de que el presidente pueda utilizar su cargo para obtener información.
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El fiscal insiste en que, incluso si la operación se hubiera adelantado por mediación de López Miras, los hechos no serían constitutivos de un delito de cohecho, como apuntan los denunciantes, porque no hay ningún indicio de que ni el presidente ni el secretario general de la Consejería obtuvieran “recompensa, dádiva o gratificación alguna” por ejercer esa mediación. De llegarse a demostrar que realmente se adelantó la operación, se podría hablar de un posible delito de prevaricación, pero no de ninguno de los denunciados, sino del médico que autorizó ese cambio en las fechas, considera el representante del Ministerio Público.
El fiscal califica también de “incoherente” la actuación procesal de los denunciantes por no haber incluido en su denuncia a García Egea, a quien, considera, se ha dejado fuera por estar aforado, lo que implicaría que debería haber estudiado en el Tribunal Supremo. “Los hechos relatados parecen inescindibles y debería valorarse conjuntamente la actuación de los tres, cualquiera que fuera el resultado final”, valora en su escrito. Además, señala que las certificaciones emitidas por el Servicio Murciano de Salud sobre el tratamiento, la prioridad y las fechas de la intervención quirúrgica se ajustan a la regularidad.
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