La reciente decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso del joven migrante hondureño Marco Antonio Amador Martínez, desaparecido en Tamaulipas desde 2013, ha suscitado la indignación de su familia y diversas organizaciones defensores de derechos humanos. La FGR se declaró “incompetente” para seguir con la investigación, alegando que no encontró elementos de delincuencia organizada y, en consecuencia, trasladó el caso a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, considerándolo un delito del fuero común.
Este desenlace contraviene la Acción Urgente 1650/2023 emitida por el Comité de la ONU para Desapariciones, que exige la intervención coordinada y efectiva de las autoridades mexicanas para localizar a Marco Antonio. Organizaciones como Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia han elevado su voz de protesta, señalando que esta decisión representa un grave retroceso en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño para la madre del joven, Mary Martínez.
Mary ha manifestado la profunda angustia que siente cada día al no tener noticias de su hijo, quien desapareció el 11 de marzo de 2013 luego de ser interceptado por un grupo armado en la carretera entre Nuevo Laredo y Reynosa. La dificultad de acceder al proceso judicial se agrava por el hecho de que ella tendría que viajar desde Tegucigalpa, Honduras, a Tamaulipas, enfrentando riesgos significativos para su seguridad.
“El caso de Marco Antonio no debe ser abordado como un simple delito común”, advirtió Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, subrayando que las desapariciones de migrantes en México son parte de un patrón sistemático que exige una investigación minuciosa.
Además, la Fundación para la Justicia ha denunciado una tendencia alarmante de deslindes por parte de la Fiscalía, incluso en otras investigaciones respaldadas por el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI). Familias de migrantes desaparecidos han protestado directamente ante el fiscal Javier Pérez Durón sobre el desinterés en múltiples casos similares.
La familia de Marco Antonio, asesorada por la Fundación para la Justicia, ha presentado un recurso de amparo buscando revertir la decisión de la FGR, con la esperanza de que una nueva resolución judicial pueda aportar luz al trágico destino del joven.
A medida que se espera una respuesta sobre este recurso, el caso continúa siendo un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes en su búsqueda de un futuro mejor. La historia de Marco Antonio es solo una de muchas que claman por la atención y acción de las autoridades en México, donde el problema de las desapariciones de migrantes sigue siendo un desafío apremiante.
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