La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado al anunciar la detención de Guadalupe ‘N’, una figura presuntamente vinculada a una red dedicada al robo y contrabando de combustible. Esta operación forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno de México y su Gabinete de Seguridad, que ha intensificado las acciones contra el delito relacionado con los hidrocarburos.
El arresto se llevó a cabo tras un exhaustivo trabajo de inteligencia y coordinación entre diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Guadalupe ‘N’ fue arrestada en la colonia Chapultepec Morales, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, cumpliendo con los protocolos de respeto a sus derechos humanos. Su captura está relacionada con un mandamiento judicial que la señala por su posible participación en actividades ilícitas de contrabando y delincuencia organizada.
Guadalupe ‘N’ ha sido identificada como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., una empresa que, de acuerdo con investigaciones recientes, mantendría vínculos con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple. Este último fue vinculado a proceso junto con otros siete individuos por delitos relacionados con el contrabando y el robo de hidrocarburos. Las autoridades consideran que podrían estar involucrados en la red más grande de huachicol en el país.
La FGR informó que la operación también responde a la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, el Robo y otros Delitos Relacionados con los Hidrocarburos. En este contexto, en julio de 2025, se localizaron 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, lo que llevó a la realización de muestras que confirmaron la presencia de hidrocarburos de origen ilegal. Durante las investigaciones subsecuentes, se logró desmantelar un esquema de operación criminal que utilizaba vías férreas y empresas fachada, empleando operadores logísticos y agentes aduanales, entre otros, para evadir impuestos y facilitar el contrabando.
El combustible ilícito era mezclado con productos legales con el fin de dificultar su identificación en el mercado, complicando así el trabajo de las autoridades encargadas de la regulación. Este sistema también incluía la declaración de volúmenes fraudulentos de carga, lo que refleja la complejidad y audacia de las tácticas empleadas por los involucrados en esta red criminal.
Hasta ahora, el número total de detenidos asciende a nueve personas, de las cuales ocho ya enfrentan procesos judiciales. Las investigaciones no sólo buscan desarticular esta red, sino también prevenir futuros delitos relacionados con el robo y contrabando de hidrocarburos, que suponen una preocupación constante para las autoridades mexicanas. El combate contra estas estructuras delictivas continúa, inundando el camino hacia una mayor seguridad y legalidad en el manejo de recursos energéticos del país.
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