La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una nueva investigación en torno a presuntas irregularidades y actos de corrupción en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), un asunto que sacude a la institución y trae consigo serias implicaciones para su director general, Arturo Reyes Sandoval, designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La situación se agudiza con la inclusión del exsecretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, quien ya enfrenta procesos judiciales por acciones similares.
La indagatoria surgió a raíz de una denuncia presentada por integrantes de la Fundación Politécnico, quienes han señalado la creación de una asociación civil que supuestamente ha desviado recursos provenientes de estudiantes. Esta denuncia revela que, con la autorización del director del IPN, se estableció el “Patronato Corazón Guinda y Blanco”, una organización que desde el año anterior ha comenzado a recibir importantes sumas de dinero, estimándose que podría estar captando al menos 12 millones de pesos mensuales. Antes de la constitución de esta asociación, dichos fondos eran canalizados a la Fundación Politécnico, que se dedicaba a otorgar becas y financiar proyectos académicos.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que este nuevo esquema ha desviado los recursos hacia una entidad que presuntamente opera con vínculos cercanos a los directivos implicados, lo que ha generado una notable opacidad en el manejo de los fondos. Además, se ha señalado que esta asociación no figura en el registro de donatarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que plantea serias dudas sobre su legalidad y funcionamiento.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, está investigando posibles delitos tales como peculado, tráfico de influencias y el uso indebido de atribuciones. Esta investigación también incluye el análisis de movimientos internos dentro de la asociación, lo que podría revelar intentos de ocultar conexiones entre sus miembros y funcionarios del IPN.
Al mismo tiempo, este caso se suma a otras indagatorias relacionadas con supuestos malos manejos en la institución. Estas investigaciones previas han apuntado a irregularidades en la contratación de servicios, como empresas de limpieza asignadas sin los debidos procesos de licitación pública, lo que podría indicar un esquema de tráfico de influencias dentro del IPN.
En este contexto, la situación se torna crítica, no solo para los implicados, sino también para la comunidad estudiantil del IPN, que espera transparencia y correcto uso de los fondos destinados a su educación. La FGR sigue recabando información para esclarecer estos asuntos y, con ello, asegurar un entorno más sano y ético en la administración pública, sobre todo en instituciones educativas que forman a las nuevas generaciones del país.
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