La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina, llevó a cabo un operativo el 22 de agosto de 2026, que resultó en un importante golpe contra el tráfico de hidrocarburos en Champotón, Campeche. Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un rancho ubicado en la comunidad de El Cerrito, donde aseguraron una avioneta, más de 8,900 litros de hidrocarburo y gas avión, armas, 61 vehículos y casi 778,000 pesos en efectivo.
Este operativo se desarrolló en el contexto de una investigación iniciada en abril de 2026, diseñada para abordar posibles delitos relacionados con los hidrocarburos. La acción fue impulsada por una denuncia anónima que alertó a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) sobre el traslado irregular de estos combustibles desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche, mediante una empresa que operaba en el predio cateado.
Tras la denuncia, el Ministerio Público de la Federación obtuvo la autorización de un juez de Control para realizar el cateo, lo cual llevó a un descubrimiento notable: aproximadamente 5,912 litros de hidrocarburo y 3,000 litros de gas avión, junto con un arsenal que incluía cinco armas largas, tres cortas, 12 cargadores y 1,000 cartuchos de diversos calibres. También se localizaron dos visores nocturnos, chalecos balísticos, y aditamentos para armas de fuego. El operativo culminó con la incautación de 777,750 pesos en efectivo y documentación diversa relacionada con las actividades ilícitas.
Durante la acción, seis personas fueron arrestadas y han quedado a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en el marco de los plazos establecidos por la ley. Las investigaciones aún continuarán, con un enfoque en posibles violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como otros delitos que pudieran surgir a partir de este caso.
Es fundamental resaltar que, según el principio de presunción de inocencia, las personas detenidas se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio. Este tipo de operativos refleja el esfuerzo de las autoridades para combatir el tráfico ilegal de combustibles, un problema que ha afectado significativamente la seguridad y economía del país.
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