La próxima Cumbre Bancaria de 2026 se vislumbra como un escenario de tensiones crecientes entre el gobierno y la banca en México, marcando el fin de una fase de armonía que había caracterizado los primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Aunque el tono de la reunión promete ser cordial, los antecedentes revelan diferencias significativas que podrían impactar la relación entre ambas instituciones.
Históricamente, durante el primer mandato de López Obrador, el sector bancario se benefició de un entorno regulatorio estable, sin modificaciones que afectaran su funcionamiento. A pesar de las críticas pasadas del presidente hacia el rescate bancario, la administración optó por una relación de respeto que permitió a los bancos alcanzar utilidades récord. Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre 2019 y septiembre de 2024, la banca múltiple en México acumuló utilidades netas por un asombroso total de 1 billón 178,323 millones de pesos.
Sin embargo, el contexto ha cambiado radicalmente desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Durante su primer año en funciones, a pesar de una economía que creció apenas un 0.7%, la banca aún reportó ganancias significativas, alcanzando 304,000 millones de pesos en utilidades netas. No obstante, las decisiones recientes del nuevo gobierno han comenzado a sentar las bases de un nuevo diálogo que incorpora medidas que podrían afectar directamente la operación bancaria.
Una de las principales modificaciones ha sido la eliminación parcial de la deducibilidad de cuotas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), donde los bancos ahora solo pueden deducir el 25% de las cuotas pagadas. Esta medida, que busca incrementar la recaudación en 10,000 millones de pesos anuales, ha sido uno de los “piedras en el zapato” para las instituciones bancarias.
Además, se han implementado cambios en el tratamiento de créditos incobrables que complican la deducción rápida de pérdidas. Este cambio requiere que los bancos ahora reporten deudores al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en el caso de montos superiores a 30,000 UDIS, deban recurrir a una resolución judicial para justificar la deducción. Este último aspecto genera preocupación en el sector, especialmente ante la incertidumbre que rodea al sistema judicial.
También se ha producido un incremento en la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta sobre los intereses de cuentas de ahorro, que pasa del 0.50% al 0.90%. Aunque esta medida impacta directamente en los ahorradores, tiene repercusiones indirectas para las instituciones financieras, que podrían enfrentar una menor captación de depósitos.
En este momento, existen aspectos relacionados con la regulación que se encuentran en “modo de espera”. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha solicitado una pausa en el análisis de ciertos proyectos regulatorios, lo que podría significar un intento de encontrar un equilibrio en la relación entre las partes. Por su parte, el contexto de competencia en el mercado de procesamiento de pagos ha sido complicado por la posible negativa de la Comisión Antimonopolios a la compra de la Promotora de Sistemas de Administración (Prosa) por parte de Visa.
Finalmente, la reciente firma de un acuerdo entre el gobierno y los banqueros para aumentar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) hasta un 3.5% anual, refuerza la necesidad de colaboración ante un entorno económico desafiante.
La Cumbre Bancaria de este año será, sin duda, un punto crucial en la relación entre el gobierno y la banca. Mientras ambos sectores buscan una solución viable para navegar por este nuevo paisaje, la atención se centrará en cómo las decisiones recientes influirán en la dinámica futura y en la salud del sistema financiero en México.
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