¿Financió España el regreso de exetarras deportados?

Los recientes gastos derivados de la repatriación de activistas que intentaron llegar a Gaza a través de flotillas han generado un intenso debate en varios países europeos. A diferencia de gobiernos como los de Portugal y Suiza, que optaron por no financiar el retorno de sus ciudadanos, el Gobierno español decidió asumir el coste de la repatriación de todos los involucrados, incluyendo a aquellos que eligieron regresar en vuelos comerciales.

Varios activistas deportados por Israel optaron por volar de forma privada a Barcelona y Bilbao, en lugar de utilizar el avión militar A400M del Ejército del Aire que regresó a otros activistas a Madrid desde Atenas. Entre ellos, según informaciones, se encuentran personas con antecedentes por pertenencia a ETA. Específicamente, se mencionan a Itziar Moreno Martínez y José Javier Osés Carrasco, quienes, además de sus vínculos políticos, han sido objeto de atención mediática.

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De acuerdo con datos de medios digitales, un total de 49 españoles han regresado a su país tras los intentos de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Este grupo incluye a personalidades como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y varios representantes del independentismo catalán. La información disponible también menciona que el listado de los activistas detenidos por Israel, corroborado por diversos medios, incluye a aquellos con antecedentes en movimientos terroristas.

El Gobierno español tiene la capacidad de cubrir gastos de repatriación en situaciones de especial vulnerabilidad, especialmente cuando los ciudadanos no pueden regresar por cuenta propia. Según la normativa vigente, se pueden asumir los gastos de viaje y otros costos necesarios para asegurar el retorno de los ciudadanos en circunstancias críticas. Esto ha sido aplicado en varias crisis humanitarias y diplomáticas previas.

Respecto a los activistas españoles detenidos por Israel, fuentes del Ministerio de Exteriores han aclarado que estos se encontraron en una situación de vulnerabilidad extrema, siendo retenidos contra su voluntad y sin la posibilidad inmediata de gestionar un billete para su retorno, lo que resultó en la decisión del gobierno de asumir los costos de su repatriación.

Esta situación continúa generando opiniones polarizadas y subraya las complejidades que a menudo rodean las intervenciones humanitarias, así como las implicaciones de la política internacional en la protección de los ciudadanos en el extranjero.

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