En Querétaro, la lucha contra la corrupción sigue dando pasos significativos. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ha recuperado aproximadamente 240 millones de pesos en recursos durante un período de ocho años y seis meses. Este notable avance fue destacado por Benjamín Vargas Salazar, titular de la institución, quien reveló que en el reciente octavo informe, correspondiente al periodo de marzo de 2024 a febrero de 2025, se lograron recuperar más de 69 millones de pesos. La mayor parte de estos activos ha regresado a las arcas del erario público, subrayando así el compromiso de la fiscalía con la transparencia y la rendición de cuentas.
En el último año, alrededor de 50 personas han sido vinculadas a proceso por diversos delitos, incluyendo cohecho, peculado y ejercicio ilícito de funciones públicas. Vargas Salazar enfatizó que las penas para estos delitos pueden alcanzar hasta cinco años de prisión, y esa misma duración se aplica para la inhabilitación de quienes ocupan cargos públicos.
Cabe mencionar que, tras los cambios en las administraciones municipales en 2024, la fiscalía ha abierto aproximadamente 10 carpetas de investigación adicionales. En total, se registran cerca de 400 carpetas de investigación en curso, cifra que deja claro que el combate a la corrupción es una prioridad en el estado.
Sin embargo, el costo de la corrupción en Querétaro sigue siendo una preocupación. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, el costo promedio por persona que incurre en actos de corrupción es de 2,022 pesos, un dato que sitúa a Querétaro en la posición 21 entre las 32 entidades del país. La media nacional es considerablemente más alta, alcanzando los 3,368 pesos por persona.
Más alarmante es la percepción de los habitantes. Un 43.5% de la población considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrentan, superada solo por la inseguridad y la delincuencia. Además, un 68.3% de los encuestados percibe que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes, con menciones recurrentes hacia la participación de partidos políticos, policías y los poderes legislativos.
En este panorama, queda claro que, pese a los esfuerzos realizados, la corrupción sigue siendo un gravísimo reto para Querétaro, y la necesidad de una mayor cultura de transparencia y rendición de cuentas es más urgente que nunca.
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