#PERÚ #PROTESTAS | Ayer, la fiscal que está a cargo de la investigación sobre la represión de las protestas en Perú tras la destitución y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo, que resultaron en más de 60 muertes en un período de tres meses, interrogó a la actual presidenta Dina Boluarte. La mandataria, de 60 años, respondió preguntas por alrededor de 30 minutos ante la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides. La presidencia tuiteó que Boluarte dio declaraciones sobre las investigaciones, sin proporcionar más detalles.
La fiscalía señaló más temprano que la gobernante fue llamada por el “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023”.
Ella tiene “toda la voluntad de fcoadyuvar en la investigación”, declaró hace poco su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. No obstante, en caso de una acusación en firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que culmine su mandato, en 2026, según fija la Constitución.
La fiscalía abrió el 10 de enero una pesquisa contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. La autoridades intentan determinar su responsabilidad en la represión a las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En las protestas han muerto más de 60 personas, incluidos seis soldados que se ahogaron en un río el pasado fin de semana cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han reportado mil 300 heridos, casi la mitad de los cuales son uniformados.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola; el ex ministro del Interior Víctor Rojas; el titular de Defensa, Jorge Chávez, y el ex jefe de gabinete Pedro Angulo también son investigados por la misma causa.
Boluarte cumplió ayer tres meses en el poder tras sustituir, en su calidad de vicepresidenta, a Castillo, quien fue detenido tras ser cesado por el Congreso el pasado 7 de diciembre, luego de intentar disolver el cuerpo legislativo e imponer un gobierno de excepción.
El también maestro rural enfrenta cargos por “organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, que le podrían valer una prisión preventiva adicional a la que ya cumple por rebelión.
En una audiencia virtual, Castillo dijo ayer sentirse “secuestrado” al negar ante un juez los cargos de corrupción que enfrenta.
“Niego rotunda y categóricamente ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la República”, sostuvo desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para ex mandatarios ubicada en la zona este de Lima, donde Alberto Fujimori purga una pena por crímenes de lesa humanidad.
“Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos, con colaboradores comprados”, denunció, y agregó: “van a pedir 36 meses de cárcel cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!”
