En el 2023, una cifra alarmante revela la dependencia financiera que tienen las entidades federativas de México respecto a la Federación: en promedio, un 85.2% de sus ingresos operativos provienen de transferencias federales. Los municipios no quedan exentos, alcanzando un 74.9% en una situación que podría comprometer su calificación crediticia y su capacidad de financiamiento, según el más reciente informe de Fitch Ratings.
Esta dependencia estructural de los recursos federales, clasificados con una categoría ‘BBB’, trae consigo una estabilidad financiera que, aunque predecible, sitúa el Factor de Riesgo Crediticio (FRC) en un rango Medio para la mayoría de los estados. En particular, los ingresos propios de los estados, cuya principal fuente es el Impuesto sobre Nómina (ISN), contribuyen en un escaso 9.7% del total, mientras que los municipios dependen del Predial y otros impuestos, apenas generando un 19.6% de sus ingresos en promedio.
La falta de incentivos para mejorar la recaudación fiscal y la escasa capacidad para modernizar sistemas catastrales destacan un panorama financiero vulnerable. Aquellas entidades con economías centradas en la extracción de hidrocarburos ven aún más amenazadas sus finanzas, como es el caso de Campeche y algunos municipios de Tabasco. Según Fitch, se anticipa una desaceleración económica en 2025, lo que podría impactar negativamente en las transferencias federales.
Los gobiernos estatales y municipales se enfrentan a la presión de destinar más del 60% de sus presupuestos a educación y salud, además de las restricciones impuestas por la Ley de Disciplina Financiera, lo que agudiza su dificultad para gestionar la deuda. En este escenario, se encuentran aquellos que han logrado mantener márgenes operativos entre el 1 y el 3% durante tres años consecutivos, considerados en un rango Medio. Sin embargo, aquellos con márgenes inferiores al 1% se ubican en un rango Más Débil, evidenciando una realidad donde los gastos en nómina y pensiones consumen gran parte de sus recursos.
Las entidades con altos índices de marginación requieren inversiones en infraestructura y servicios sociales, justo en el momento en que su capacidad para ajustar gastos es limitada. En situaciones extremas, estas transferencias federales suelen representar hasta un 90% del gasto en proyectos determinantes, lo que les deja con poco margen de maniobra frente a emergencias.
Finalmente, Fitch clasifica a los gobiernos locales mexicanos como Tipo B, lo que señala su dependencia de flujos de efectivo anuales para cubrir el servicio de la deuda, en lugar de contar con activos líquidos o respaldos institucionales robustos. Esta realidad apunta a un escenario complejo, donde las limitaciones legales y recursos escasos constriñen aún más su margen financiero, dejando a los gobiernos locales atrapados en un ciclo de dependencia y desafíos económicos.
Nota: La información aquí presentada corresponde a datos del 2023 y refleja la situación financiera hasta el 2025-06-03 00:21:00.
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