Una investigación llevada a cabo por el consorcio de periodistas Forbidden Stories —en cooperación con una quincena de medios internacionales— y la organización Amnistía Internacional apunta a un inquietante escenario de masivo espionaje a periodistas, activistas de los derechos humanos, disidentes o líderes políticos por parte de numerosos gobiernos.
La información publicada aporta convincentes elementos de prueba de lamentables actividades perpetradas a través del software Pegasus, un programa capaz de penetrar teléfonos móviles desarrollado por una empresa privada israelí —NSO Group— y vendido a un amplio número de Ejecutivos. NSO sostiene que la investigación contiene acusaciones no bien fundamentadas. En realidad, las alegaciones presentadas son sólidas, incluidas verificaciones materiales llevadas a cabo por prestigiosos laboratorios técnicos en 37 casos concretos.
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En cualquier caso, el escándalo evidencia la necesidad de mejorar la regulación del comercio de semejante tipo de productos. Es notorio que gobiernos de medio mundo se emplean en actividades de espionaje con escasos escrúpulos, y que incluso en democracias avanzadas se ha cruzado el límite aceptable de la vigilancia a fines de garantizar la seguridad en un transparente marco legal y de control judicial. Lo que debe evitarse es que programas de vanguardia como Pegasus faciliten las cosas a Ejecutivos malintencionados y que no tendrían semejante capacidad tecnológica por su cuenta. Esto es especialmente importante en países autoritarios donde periodistas y disidentes se hallan en una posición muy frágil.
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Pegasus es capaz de tener acceso a todos los rincones de los teléfonos y de activar micrófonos y cámaras sin que el dueño lo sepa. Alegar que el programa se desarrolló con el objetivo legítimo de combatir al crimen organizado o a organizaciones terroristas no es suficiente.
Es preciso garantizar que tanto este como otros programas parecidos no terminen siendo utilizados para fines inaceptables. Entre los casos más graves revelados figuran el periodista marroquí Omar Radi, crítico con el poder, detenido en julio de 2020 y condenado el lunes a seis años de cárcel; así como personas cercanas a Jamal Khashoggi, el opositor saudí asesinado en Estambul en 2018.
