El desarrollo de recursos de gas no convencional en México ha tomado un rumbo cauteloso tras la reciente presentación del comité federal encargado de su análisis. Según sus conclusiones, sólo se permitirá la continuación de estudios en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y en Burgos, Tamaulipas, una decisión que restringe el aprovechamiento de aproximadamente el 60% del potencial total de estos recursos en el país. Esta medida podría afectar la explotación de 34,800 millones de barriles de petróleo crudo presente en la cuenca de Tampico-Misantla, considerada inviable por razones sociales y ambientales.
El comité también subrayó la importancia de la disponibilidad de agua salada para llevar a cabo la fracturación hidráulica. Se estima que cada pozo requiere entre 50,000 y 70,000 metros cúbicos de agua. Por ello, proponen prohibir el uso de agua dulce destinada al consumo humano, agricultura o ganadería, sugiriendo el uso exclusivo de agua salada de formaciones profundas. Para ello, se realizarán perforaciones con fines hidrogeológicos, a fin de confirmar la existencia y características de las fuentes de agua salada en las áreas mencionadas.
El potencial total de gas natural en yacimientos no convencionales en México está estimado en 141.5 billones de pies cúbicos. Dentro de este total, se considera que el 38% se encuentra en Burgos, seguido por un 47.3% en la zona de Sabinas-Burro-Picachos, mientras que el restante 14.6% se localiza en Tampico-Misantla. La presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que no se iniciará ningún proceso de explotación sin atender las recomendaciones de los expertos, asegurando que la información será pública y accesible a los ciudadanos a través de una plataforma digital.
Con esta iniciativa, el gobierno mexicano busca no solo disminuir la dependencia de las importaciones de gas natural, que actualmente constituyen el 75% del consumo total nacional, sino también garantizar la sostenibilidad ambiental y social en el proceso. La comunidad científica desempeñará un papel fundamental en monitorear las actividades relacionadas con la explotación de estos recursos, lo que refleja un enfoque más equilibrado entre el desarrollo económico y la protección del entorno.
En un contexto donde la seguridad energética se vuelve esencial, el avance hacia la explotación del gas shale apunta a cambiar el panorama energético de México. Sin embargo, el éxito de tal estrategia dependerá en gran medida de la implementación efectiva de las recomendaciones del comité y de la colaboración con las comunidades afectadas.
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