Fractura hidráulica en 8,000 yacimientos petroleros

El fracturamiento hidráulico, una técnica controvertida en la extracción de petróleo, vuelve a ser un tema candente en México. El gobierno de Claudia Sheinbaum, en un giro inesperado respecto a su promesa de campaña, está reabriendo la puerta a esta práctica tras años de veto durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión busca revitalizar las reservas petroleras del país, que han estado en declive.

Desde su introducción en los años 90, el fracking se ha utilizado más de 36,000 veces en alrededor de 8,000 pozos, generando inquietudes ambientales en diversas regiones. En México, este proceso se llevó a cabo con frecuencia entre 2003 y 2018, concentrándose un 95% en esos años. La empresa estatal Pemex lideró la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, específicamente en la cuenca del Golfo de México, un área que abarca el norte de Veracruz y parte de Puebla.

La técnica implica perforar un pozo vertical y luego horizontal, inyectando una mezcla de agua, arena y productos químicos en alta concentración. Esto permite extraer hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas que no pueden ser extraídos por métodos convencionales. Sin embargo, el uso excesivo de agua, junto con la toxicidad de algunos aditivos, plantea serias preocupaciones sobre la disponibilidad de agua potable en las comunidades afectadas.

Un informe reciente de la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo creado para proteger el medio ambiente en América del Norte, evidenció denuncias de agricultores y ganaderos en Nuevo León. Estos señalaron la escasez y contaminación de agua luego de que sus tierras quedaran situadas entre pozos fracturados. Historias similares han emergido de Puebla, Veracruz y Tamaulipas, donde ha habido un número significativo de fracturas.

El análisis detallado de estos procesos revela el gran volumen de agua utilizado; por ejemplo, el pozo Nerita 1 consumió 12 millones de litros, mientras que el Tangram-1 requirió 25 millones. Esta cantidad es asombrosa, considerando que una piscina olímpica tiene apenas 2.5 millones de litros. Además, los residuos del fracking, que contienen metales pesados, son inyectados nuevamente en el subsuelo, lo que puede contradecir regulaciones ambientales establecidas.

Mientras tanto, en el vecino Texas, la situación ha llevado a las autoridades a limitar la inyección de agua contaminada en los pozos de desecho, responsabilizando a estas prácticas del aumento de la presión subterránea que puede dañar tanto las reservas de crudo como las de agua dulce. Sin embargo, en México, la presión por reactivar el fracking es cada vez mayor, presentándose como una solución a la crisis energética del país.

En agosto de 2025, el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex anunció la “reactivación” de la evaluación de yacimientos no convencionales, un término que claramente se refiere al fracking. Aunque el director de Pemex insinuó que la técnica ha mejorado en cuanto a sus efectos ambientales, muchos activistas han puesto en duda su efectividad, señalando este enfoque como “fracking del bienestar”.

Las promesas de prohibición de la técnica durante la administración de López Obrador nunca se formalizaron completamente. Aunque hubo intentos de establecer leyes secundarias, esas propuestas fueron desechadas. En 2022, casi se firmó un decreto que impone una moratoria al fracking, pero la propuesta se quedó estancada en la burocracia gubernamental.

Lo que es evidente es que estas decisiones políticas tendrán implicaciones a largo plazo en el medio ambiente y en la gestión de recursos del país. En un contexto donde la demanda de energía sigue creciendo, la cuestión sobre cómo y a qué costo se obtendrá esta energía continúa siendo un desafío crítico para el futuro de México. Con el retorno del fracturamiento hidráulico bajo la administración de Sheinbaum, el país parece estar en un cruce de caminos que definirá su dirección energética en la próxima década.

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