Los escoltas de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hallaron más siete kilos de explosivos en la carretera que lleva a su residencia familiar en la vereda de Yolombo, en el municipio de Suárez, en el convulso departamento del Cauca, denunció este martes la número dos de Gustavo Petro. Un equipo antiexplosivos de la policía destruyó el artefacto sin que nadie resultara herido, narró la vicepresidenta en sus redes sociales.
“Se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida”, escribió Márquez en un mensaje en Twitter que acompañó con las fotos de los explosivos y el informe de las autoridades. “Sin embargo, no dejaremos de trabajar, día tras día, hasta alcanzar la paz total que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía”, agregó sobre una noticia que despertó una oleada de solidaridad.
A lo largo del pasado fin de semana, un puente festivo en Colombia, se tenía prevista la visita de la vicepresidenta a su residencia en Yolombo, “por lo que se realizó la revisión previa a la ruta”, señala el informe policial. “Integrantes de su equipo de seguridad detectaron la carga explosiva instalada a un metro de la carretera sobre la ruta que conduce a su residencia”, prosigue el documento. Por las características y ubicación del artefacto, personal de inteligencia y seguridad “concluyó que se trata de un evidente atentado en contra de la señora vicepresidenta”.
Márquez, la primera mujer afro en llegar a la Vicepresidencia, ha sido atacada con armas y granadas, amenazada y acosada con llamadas y mensajes a su teléfono a lo largo de su reconocida trayectoria como activista ambiental. Ya era famosa por oponerse a la extracción de oro en su natal Cauca antes de lanzar una precandidatura presidencial a la cabeza de su movimiento, Soy Porque Somos, dentro del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que respaldó a Petro. A lo largo de la campaña denunció amenazas en su contra. Asumió el cargo el pasado 7 de agosto en medio de promesas de transformaciones profundas en la sociedad colombiana y la búsqueda de la paz total con todos los actores armados, la política bandera del mandatario.
Colombia sufre el incesante asesinato de todo tipo de líderes sociales y ambientalistas en medio de un conflicto armado de más de medio siglo que busca dejar atrás, y el Cauca es una de sus regiones más golpeadas. Hasta el 20% de sus habitantes, unas 235.000 personas, han sido registradas como víctimas por el Gobierno. En ese departamento, un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, operan un archipiélago de grupos armados ilegales que incluyen varias disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, una banda del narcotráfico heredera de los grupos paramilitares. Todos hacen parte de los esfuerzos del Gobierno por alcanzar la paz total.
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