La industria farmacéutica en América Latina enfrenta un desafío que se ha vuelto crónico: la competencia desleal impulsada por criterios de precio que ignoran la calidad. Durante años, muchos sistemas de salud han priorizado el proveedor que presenta la oferta más baja, sin considerar que algunas empresas sacrifican estándares de calidad para poder realizar esos descuentos. Esta práctica poco ética pone en riesgo la salud pública, ya que la entrada de medicamentos subestándares o falsificados puede resultar en consecuencias devastadoras.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 10 medicamentos en países de ingresos bajos y medianos no cumple con las normativas de calidad. Esto se traduce en más de 30,500 millones de dólares anuales en productos que, lejos de ayudar, son ineficaces o incluso nocivos. En América Latina, hasta un 30% de los medicamentos en el mercado podrían ser “irregulares”. La presencia de fármacos de calidad inferior no solo se traduce en tratamientos fallidos, sino que también contribuye a la creciente resistencia a antibióticos, empeorando aún más la resiliencia sanitaria.
La noción tradicional de competir únicamente en base al precio tiene efectos adversos. Un reciente informe de la Comisión Europea demostró que el 83% de los medicamentos genéricos con desabastecimientos crónicos eran esos ultra baratos. La falta de sostenibilidad en esquemas de adjudicación con un solo ganador podría generar una dependencia peligrosa; un único proveedor que no puede cumplir repercute en la disponibilidad de medicamentos esenciales.
No obstante, hay un rayo de esperanza. Existen alternativas a este modelo de competencia destructiva que están ganando terreno en el debate internacional. La Estrategia Farmacéutica para la UE, junto a la propuesta de la Critical Medicines Act, promueven licitaciones que se basan en la Oferta Económicamente Más Ventajosa, que considera no solo el precio, sino también la calidad, la continuidad del suministro y factores éticos/ambientales. Una estrategia similar está tomando forma en Estados Unidos, donde se ha reconocido que años de adquisiciones centradas en el costo han deteriorado la base industrial farmacéutica nacional y han aumentado la dependencia de APIs extranjeros.
Así, surge la propuesta de “precio ajustado por riesgo” para las licitaciones públicas en América Latina, aplicable también al sector privado. Esta herramienta evalúa el riesgo sanitario y de incumplimiento asociado a cada oferta, elevando el costo de aquellos que presentan mayores perfiles de riesgo. Este enfoque puede incluir diversos indicadores, como el historial regulatorio de cumplimiento de cada fabricante, su membresía en organizaciones internacionales y la integridad de sus datos de producción.
Mantener estándares vigilados por agencias reconocidas permitiría a los usuarios confiar más en los medicamentos que llegan al mercado. La pandemia dejó claro que un precio bajo no garantiza la llegada del producto a tiempo, conveniendo a los compradores valorar a aquellos laboratorios que ofrecen planes de contingencia y trazabilidad.
Internacionalizar el riesgo en el precio no solo nivelaría el terreno de juego, sino que también incentivaría a los fabricantes a elevar sus estándares de calidad. Al incorporar estas consideraciones en la evaluación de costos, se podría reducir la ventaja desleal de quienes operan en base al dumping de precios.
Con la implementación de un esquema que integre precio, riesgo y valor, América Latina podría modernizar sus políticas de salud, proteger mejor a sus pacientes y fortalecer una base productiva farmacéutica más confiable y sostenible. Este nuevo enfoque requerirá valentía política y técnica, pero sus beneficios potenciales son innegables. Es hora de dar un paso adelante y abandonar la obsesión por el mínimo precio, adoptando decisiones de compra que reflejen el verdadero costo y valor de los medicamentos indispensables para la población.
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