Las autoridades han rescatado los cadáveres de cinco de los siete mineros atrapados en la mina de Múzquiz, Coahuila, que colapsó el pasado viernes y sepultó bajo toneladas de carbón y lodo a los trabajadores. Durante todo el fin de semana los equipos de rescate trabajaron a contra reloj para sacar desaguar los pasillos del complejo que había sido inundado al perforar una mina abandonada contigua llena de agua. Este miércoles han rescatado al quinto cuerpo y todavía faltan por localizar a dos más. Las organizaciones de derechos humanos habían denunciado las condiciones precarias de este predio hacía ocho meses ante el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, y han criticado duramente estos días el caso omiso que les hizo el organismo. La retórica nacionalista impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que México genere su propia electricidad olvida en sus discursos tragedias como esta. La muerte de los mineros de Múzquiz es una alerta más de la situación precaria de las minas carboneras.
La organización Familia Pasta de Conchos, una asociación fundada tras una de las mayores tragedias mineras de la historia, en la que una explosión acabó con la vida de 65 trabajadores, lleva la cuenta de los muertos del carbón: alrededor de 3.000 mineros, de ellos 100 después de la masacre de Pasta de Conchos. “Lo que nos dicen estas cifras es, ¿cuántos más tienen que morir para que las autoridades exijan a estas empresas que operen con las mínimas exigencias de protección para los trabajadores, higiene, medios, incluso para que los contraten de forma legal?”, apunta la activista de la organización, Cristina Auerbach.
Barlett ha respondido que la CFE no tiene ningún contrato con esa mina y desconocía su situación. “La Comisión Federal de Electricidad desmiente categóricamente que la mina donde ocurrió el lamentable accidente en Coahuila sea proveedora de carbón de la CFE, en consecuencia, era imposible que su director estuviera enterado del estado de la mina”, aseguró en un comunicado el organismo. “El problema es que estas minas tienen diferentes razones sociales: una con la que operan, otra con la que contratan… Si inspeccionan bien, verán que son del mismo dueño, que además no ha sido detenido”, anota Auerbach.
La activista señala este miércoles por teléfono que uno de los mineros atrapados en el predio de Rancherías —el pueblo donde se encuentran estas minas de arrastre de carbón, dentro del municipio de Múzquiz— la había contactado el año pasado para que le ayudara a denunciar las condiciones miserables que vivían los trabajadores de estas “cuevas”, como les llaman, “pues a eso no se le puede llamar ni siquiera minas, son huecos que abren en la tierra, en las entradas de minas viejas”. Se llamaba Carlos Moreno Cervantes, uno de los cadáveres encontrados.
La mina que se derrumbó este viernes es una mina de arrastre, subterránea, por donde unos carros cargan y descargan carbón desde su interior. La mina había sido inspeccionada por la Secretaría del Trabajo y amonestada en octubre con medidas que no han especificado las autoridades, pero que no presentaban un riesgo inminente. La institución les levantó la restricción en marzo de este año y se encontraban en regla para su operación, según la información oficial.
Auerbach, criticó en declaraciones a este periódico que “no es un accidente”, ya que los mineros “no tenían las condiciones para trabajar, ni equipo de seguridad ni medios”. “Es desquiciante que les hayamos entregado todo para evitar una desgracia como esta y no nos hayan hecho caso, les enviamos una carta y fotografías de las condiciones de la mina. Esta es la peor minería”, denunció, y completó: “Hacen creer a la sociedad que heroicamente generamos electricidad para, pero la realidad es que es a través de formas precarias y condiciones miserables de vida de los mineros: siempre pobres y siempre los que mueren”.
La activista explica que un minero cobra de media unos 150 pesos diarios, registrados oficialmente ante el seguro social, de manera ilegal les pueden abonar a algunos más dinero. Pero de esta cantidad oficial, un 70% es lo que cada familia recibirá de pensión mensual por su padre, esposo o hermano fallecido, alrededor de unos 2.000 pesos, unos 100 dólares. Para la mayor tragedia minera del país, Pasta de Conchos, también en Coahuila, las familias de hasta tres hijos recibían una pensión de 3.000 pesos al mes. “¿Quién vive con eso? Nadie”, denuncia Auerbach.
Por el momento, las autoridades no han informado sobre ninguna detención del posible responsable del predio. La mina es propiedad de la empresa Micarán, del empresario Eduardo Morales y ya había sido denunciada por carecer de seguridad, amonestada en octubre de 2020, aunque se le levantó la restricción unos meses más tarde para volver a operar. La CFE contrató a otra de sus empresas, Carkim Industrial, a través de la cual canalizaba carbón de la cueva siniestrada.
