Una corte civil de Miami ha dictado una sentencia de gran relevancia en el ámbito de la justicia internacional, relacionada con casos de corrupción que involucran a México. El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, enfrentarán la monumental obligación de pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares debido a su implicación en un esquema de corrupción que permitió contrataciones ilegales durante la gestión de García Luna en la seguridad nacional.
La jueza Lisa Walsh ha ordenado que García Luna deberá abonar 748 millones de dólares, mientras que su esposa enfrentará la responsabilidad de restituir 1,740 millones. Este fallo es el resultado de una demanda presentada por el gobierno mexicano, específicamente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que optó por un procedimiento expedito dado que los acusados no se presentaron ni enviaron representación legal para defender sus intereses desde que comenzó el proceso en 2021.
El tribunal interpretó la ausencia de respuesta de García Luna y su esposa como una admisión tácita de los hechos y, por ende, concluyó a favor del reclamante. La UIF ha expuesto que el esquema de corrupción establecido por el exfuncionario permitió a la familia Weinberg, un grupo empresarial israelí, acceder a 30 contratos irregulares con instituciones de seguridad pública en México. Como resultado, fueron transferidos más de 634 millones de dólares a paraísos fiscales y luego a Florida, donde los fondos se utilizaron para adquirir propiedades y otros activos, encubriendo su origen ilícito.
Es importante mencionar que esta demanda civil, presentada en septiembre de 2021, facilitó la identificación y aseguramiento de 19 propiedades vinculadas a García Luna y sus asociados. Según informes, entre 2012 y 2018, él y su red recibieron al menos 580 millones de dólares a través de contratos ilegales, con 250 millones de dólares concretamente transferidos al condado de Miami-Dade.
La jueza había establecido una fecha límite hasta el 28 de abril de 2025 para que las partes involucradas llegaran a un acuerdo o, en su defecto, enfrentaran un juicio que podría llevar a la desestimación de la demanda. La UIF también ha reclamado 28 inmuebles en Florida, aunque lamentablemente 18 de ellos ya habían sido vendidos, algunos antes del inicio del litigio y otros durante el proceso.
Adicionalmente, varios otros implicados en este caso han optado por llegar a acuerdos reparatorios. Un ejemplo destacado es el de José Francisco Niembro González, un exfuncionario que, junto con su esposa, pagó 330 mil dólares como parte de su resolución. Por otro lado, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan en negociaciones con el gobierno mexicano.
Este proceso civil es independiente del juicio penal que culminó en octubre de 2024 en Nueva York, donde García Luna fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión por su vínculo con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millonarios sobornos. En esa instancia, también se le impuso una sanción económica de 2 millones de dólares, y actualmente cumple su condena en una prisión en el condado de Lee, Virginia.
La magnitud de este caso refleja la complejidad y la gravedad de la corrupción en el ámbito gubernamental, así como el impacto internacional que puede tener en la percepción de la justicia y el Estado de Derecho. Los desarrollos futuros en este caso podrían seguir generando interés y atención tanto en México como a nivel global.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
