Una corte civil en el condado de Miami-Dade, Florida, ha emitido una sentencia final que afecta gravemente al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra. Se les ha declarado responsables en una demanda civil presentada por el gobierno mexicano, en la que se les acusa de corrupción y lavado de dinero. Este fallo implica que ambos deberán pagar al Estado mexicano más de 2,488 millones de dólares, una suma que subraya la magnitud del escándalo que ha sacudido a las instituciones de seguridad en México.
La jueza Lisa Walsh, quien dictó esta sentencia, fundamentó su decisión en una demanda interpuesta en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En esta acción legal, se acusaba a García Luna de liderar una red de corrupción que operó a través de numerosos contratos gubernamentales durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Del monto total de la condena, García Luna deberá abonar 748.8 millones de dólares, mientras que su esposa, Pereyra, ha sido sentenciada a cubrir 1,740 millones de dólares. Estos montos fueron determinados bajo los términos de la legislación del estado de Florida, representando el triple del daño originalmente reclamado por el gobierno mexicano.
La resolución se basa en siete fallos previos de culpabilidad emitidos por la misma corte, dictados en ausencia de los demandados y sus respectivas empresas. Uno de estos casos incluyó a la empresa Delta Integrator LLC, que ya había permitido la recuperación de activos por un total de 1.97 millones de dólares y la transferencia de una propiedad valuada en 555,800 dólares. Además, se recuperaron otros 275,000 dólares mediante la ejecución de una hipoteca vinculada a la firma mencionada.
Los recursos obtenidos se han ingresado de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el inmueble está bajo la administración del Gobierno de México con vistas a su venta. Sin embargo, la UIF también ha señalado que, hasta el momento, no ha sido posible localizar más bienes que pertenezcan directamente a García Luna, su esposa o a las empresas asociadas, tales como OGGI CAFFE LLC, GL & Associates Consulting LLC y GLAC Security. A pesar de esto, la sentencia permite a las autoridades mexicanas proceder a la ejecución forzosa de bienes que se identifiquen en el futuro como propiedad de los condenados, incluso si están registrados a nombre de terceros.
En un informe reciente, a julio de 2024, se destacó que México había logrado recuperar casi 2 millones de dólares de una de las empresas ligadas a García Luna y otros 150 mil dólares mediante un acuerdo con un tercero. A su vez, se aseguraron 19 propiedades, de las cuales ocho ya han sido liquidadas, generando más de 6 millones de dólares en ingresos.
La complejidad de este caso pone de relieve los retos que enfrenta el Estado mexicano en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, subrayando la necesidad de un sistema judicial eficaz que garantice la recuperación de los activos desviados y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos implicados en conductas delictivas.
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