En un giro inesperado, Francisco Garduño, conocido por su controvertido paso al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), ha resurgido en la política nacional mexicana. Este ex funcionario, que militarizó la atención a la migración y fue procesado por la muerte de 40 migrantes en un incendio en Ciudad Juárez, asumirá el cargo de jefe de un departamento dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A sus casi 80 años, Garduño es considerado, según el secretario Mario Delgado, un “funcionario ejemplar” que desempeñará un papel crucial en la reforma educativa del bachillerato nacional.
El incendio, que ocurrió en marzo de 2023, fue una tragedia desgarradora. Cuarenta migrantes perdieron la vida cuando un grupo de ellos ardió en llamas durante una protesta por las condiciones de hacinamiento en el albergue donde estaban recluidos. Los videos de seguridad y testimonios revelan que funcionarios y guardias de seguridad abandonaron el lugar, dejando a los migrantes encerrados. Este hecho dejó una marca imborrable en el legado de Garduño.
La masacre resultó en imputaciones para 11 personas, incluidos seis funcionarios del INM, siendo Garduño uno de ellos. La Fiscalía General de la República argumentó que incumplió con sus deberes de proteger a las personas bajo su cargo, lo que propició esta tragedia. Paradójicamente, a pesar de este sombrío capítulo en su carrera, Garduño mantuvo su puesto al frente del INM hasta abril de 2025, sobreviviendo incluso cambios en la administración gubernamental.
La situación escaló aún más cuando fue forzado judicialmente a disculparse con las familias de los fallecidos. Aunque lo hizo con aparente humildad, dejó claro que cumplía un mandato legal. Esta disculpa llegó a tiempo para un proceso que ha estado marcado por la evidencia de su irresponsabilidad y omisiones, y un contexto más amplio de militarización de la política migratoria en México.
Desde que asumió el cargo en junio de 2019, Garduño recibió la consigna de convertir al INM en un instrumento para apaciguar las demandas de Estados Unidos. Con la presión del expresidente Donald Trump, que amenazó con aranceles si México no contenía el flujo migratorio, Garduño tomó decisiones drásticas, llevando a un aumento de más de 40,000 militares en funciones relacionadas con la migración. Para 2024, 15 de las 32 oficinas estatales estaban dirigidas por personal con formación militar, destacando un cambio significativo en la naturaleza de la gestión migratoria.
El informe “Bajo la Bota: Militarización de la Política Migratoria en México” sostiene que esta militarización no solo transformó la estructura del INM, sino que también impuso una cultura jerárquica y represiva dentro de la institución, aumentando las vulneraciones a los derechos humanos de los migrantes. En un periodo donde las detenciones migratorias alcanzaron cifras récord, pasando de 180,000 en 2019 a 1,200,000 en 2024, la amplificación del control militarizado marcó un cambio trascendental.
A medida que Garduño asume su nueva posición, el contexto y las decisiones de su gestión anterior ofrecen un telón de fondo que podría influir en las dinámicas de la educación en México y, por extensión, afectar a futuros migrantes en su búsqueda de una vida mejor. La responsabilidad de su legado, más allá de la educación, permanece latente en un país que lucha con los recuerdos de tragedias pasadas y las promesas de un cambio futuro.
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