La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha alcanzado un umbral crítico, marcando 11 días de conflicto que están dejando huellas profundas en el panorama global. A pesar del éxito militar inicial, las repercusiones geopolíticas, económicas y financieras comienzan a manifestarse, con el petróleo como uno de los componentes más sensibles. Durante un breve lapso entre domingo y lunes, el precio del barril de petróleo experimentó un aumento dramático, seguido de una caída abrupta en menos de 12 horas. La inestabilidad del mercado se ha convertido en la norma, donde cada nueva noticia se traduce en fluctuaciones significativas en los precios del crudo, afectando a su vez a los mercados globales. Según las proyecciones, esta volatilidad no solo continuará, sino que se prevé un aumento sostenible—aunque no cataclísmico—en los precios de los energéticos.
Para México, las implicaciones son especialmente relevantes. Un incremento en el precio del crudo implica inevitablemente un alza en el costo de las gasolinas. Esto es un fenómeno que trasciende quién produce este combustible, dado que el país se ubica como tomador de precios. Ya sea que Pemex refine petróleo en Texas o en México, o que se adquiera a refinadores en el Golfo de México, el costo final es determinado por las dinámicas del mercado. Si el gobierno opta por “regalar” la gasolina, tendrá que enfrentar un significativo costo de oportunidad.
El aumento en el precio del crudo también generará mayores ingresos por renta petrolera para el gobierno mexicano. Sin embargo, esto plantea una encrucijada: deberá decidir si aumenta el precio de la gasolina o reduce la recaudación del IEPS, un impuesto que representó el 0.9% del PIB en 2025 y el 6% de los ingresos tributarios. Para evitar un aumento en el precio de la gasolina, que podría traer consecuencias políticas negativas, se podría optar por disminuir los ingresos del IEPS. Esta decisión se convierte en un delicado equilibrio político-económico, que la presidenta deberá navegar con cautela.
Por otra parte, existe un aspecto quizás menos discutido, pero igualmente importante: el gas natural. En los últimos 15 años, México ha disfrutado de acceso a gas natural abundante y económico, fundamentalmente por el auge del shale gas en Texas y el sur de Estados Unidos, y por la red de gasoductos desarrollada durante la “larga pesadilla neoliberal”. Este acceso ha permitido una energía eficiente y económica, favoreciendo el desarrollo industrial en los corredores de los gasoductos. Casi el 40% de la capacidad instalada y el 60% de la generación de electricidad provienen de ciclos combinados, debido a este contexto favorable.
Sin embargo, si el conflicto se prolonga, podríamos observar un aumento en el precio del gas natural. Catar e Irán, dos grandes productores, que tradicionalmente abastecían a Asia, están en el centro de esta dinámica. Los mercados de gas son regionales, pero el costo de oportunidad juega un papel crucial; los productores en Texas pueden optar por licuar su gas y exportarlo a precios más altos, lo que aumentaría también los precios en México. Las repercusiones de esta situación no solo se limitarían a impactos inflacionarios, sino que podrían elevar el costo de la generación eléctrica, incrementar el gasto fiscal en subsidios a tarifas domésticas y erosionar la competitividad de las empresas.
En fin, es un error pensar que lo que sucede en el mundo no afecta a México. Aunque en la última década se ha tratado de enmarcar todo en una narrativa de 4T contra anti-4T, la realidad es que el país está intrínsecamente conectado a las dinámicas globales. Circunstancias externas, como este conflicto en el Medio Oriente, son recordatorios de que la vida económica y política en México es más compleja de lo que en ocasiones se plantea.
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