En julio de 2022, un momento bochornoso marcó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador durante su visita al Salón Oval en La Casa Blanca. En una oferta desconcertante, sugirió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que los ciudadanos americanos cruzaran a México para abastecerse de gasolina, ya que, según él, aquí era más barata. No obstante, esta afirmación reveló una profunda contradicción en la política fiscal mexicana: López Obrador estaba invitando a extranjeros a beneficiarse de un subsidio que, en ese año, representó un costo de 400,000 millones de pesos para las finanzas públicas.
Contrario a esa oferta, la realidad del mercado muestra una tendencia opuesta. En Texas, el principal exportador de gasolina a México, el litro de gasolina regular costaba 12.02 pesos, mientras que en México el precio alcanzaba el doble: 23.82 pesos por litro. Este fenómeno subraya la crítica situación en la que las gasolinas se han convertido en una herramienta de recaudación fiscal, alejada del discurso populista que caracteriza al régimen actual.
México enfrenta una alta tasa de informalidad, que asciende al 55.4% de la población. Esto plantea un gran desafío: ¿cómo cobrar impuestos a aquellos que operan fuera del sistema formal? Ante esta dificultad, la administración ha recurrido al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas, ahora considerado como un recurso vital para la hacienda pública.
Es innegable que la gasolina es costosa en México, y este problema se puede atribuir a la gestión del actual gobierno, que ha desvirtuado las críticas que solía hacer a sus predecesores en este tema y otros. A pesar de esto, es un acierto no otorgar subsidios fiscales a las gasolinas, ya que estos resultan ser regresivos. Sin embargo, la falta de transparencia en el mercado de combustibles se ha vuelto alarmante. El famoso techo de 24 pesos por litro ha creado una trampa para los consumidores, convirtiéndose en un precio mínimo que no refleja las caídas internacionales de los costos del combustible.
Cuando los precios de la gasolina en Texas disminuyen pero no se reflejan en México, el gobierno se beneficia con recaudaciones adicionales que sumar miles de millones de pesos mensualmente, recursos que, legítimamente, deberían alcanzar los consumidores. Los altos impuestos aplicados a la gasolina, si bien evitan un colapso fiscal inminente, también castigan al consumidor mexicano, manteniendo un piso artificial que impide que las reducciones globales beneficien a la población.
Esta situación resalta la falta de reformas fiscales profundas y la ineficacia de un sistema que monopoliza el mercado energético en manos de una estatal, Pemex, que enfrenta serios problemas financieros. La creciente discrepancia entre los precios internacionales y los nacionales no solo afecta la economía de los ciudadanos, sino que también anula la competitividad del país, creando un clima de descontento e incertidumbre.
En conclusión, el panorama que enfrentamos es complejo y demanda una respuesta concreta y eficaz para salvaguardar los intereses de los consumidores y la salud fiscal del país. Las decisiones sobre la gasolina han dejado de ser meras políticas públicas para convertirse en un tema crítico de discusión y evaluación entrante.
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