Las familias mexicanas han hecho frente a la creciente percepción de inseguridad que afecta al país gastando, en promedio, 2,600 pesos en 2025 para implementar o reforzar medidas de vigilancia en sus hogares. Este fenómeno se ha consolidado en un contexto en el que hasta el 90% de la población en ciertos estados considera que la inseguridad es un problema grave. Este alarmante dato proviene de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, elaborada por el Inegi.
El total de gastos preventivos asociados con la inseguridad ha alcanzado los 91,600 millones de pesos, lo que implica que cada hogar destina aproximadamente la cantidad mencionada para protegerse contra la delincuencia. Esta suma podría equivaler a 118 kilos de tortillas o 10 kilos de carne de res, lo que subraya el impacto económico que las medidas de seguridad tienen en el presupuesto familiar.
Entre las medidas adoptadas por las familias, se destacan acciones como la compra de cerraduras y candados (23.1% de los hogares), el reemplazo de puertas o ventanas (19.2%), y la construcción de rejas o bardas (12.9%). La inversión en seguridad ha ido más allá, con un 3.3% de los hogares incluyendo la adquisición de un perro guardián en sus estrategias de protección.
Sin embargo, la inseguridad trae consigo otros costos mucho más elevados que las medidas preventivas. En 2025, las pérdidas por victimización se estimaron en 165,900 millones de pesos, equivalentes a 4,710 pesos por vivienda. A esto se suman los gastos relacionados con daños en la salud, que ascendieron a 9,800 millones de pesos, representando un costo adicional de 278 pesos por hogar. En total, las familias enfrentan un costo promedio de 7,588 pesos anuales por los efectos de la inseguridad.
Los costos generados por la inseguridad están también influyendo en la economía más amplia. Empresas operando en un entorno de incertidumbre asumen pérdidas significativas debido a robos, lo que resulta en la necesidad de implementar sistemas de vigilancia costosos y adquirir seguros. Todo esto afecta los márgenes de rentabilidad, inhibe la inversión y, en última instancia, se traduce en un aumento de precios para los consumidores.
El sentido de inseguridad ha calado hondo en la población. Para 2025, se estima que 23 millones de mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito, implicando que un 28.5% de los hogares experimentó al menos un caso de delincuencia. Este clima de temor se refleja en que seis de cada diez adultos consideran la inseguridad como un problema grave, y el 74% de la población percibe su entorno como inseguro.
Los estados con la mayor percepción de inseguridad incluyen al Estado de México, Morelos y Tabasco, donde las cifras alcanzan hasta el 90%. En la Ciudad de México, un notable 74% de los habitantes siente que su seguridad está comprometida.
La inseguridad, más allá de ser un asunto que afecta a nivel personal y familiar, se erige como un problema socioeconómico de gran envergadura, con repercusiones que trascienden lo individual y afectan a la sociedad en su conjunto.
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